En concreto, en la jornada de este lunes las acciones de Ence se desplomaban al cierre un 12,7% hasta marcar 2,55 euros en el mercado continuo. La caída se suma a la registrada el pasado viernes, que fue de un 9%. Si se compara la cotización actual con los 3,21 euros que marcaron los títulos el 15 de julio, antes del varapalo judicial, los títulos caen más de un 20%. La capitalización bursátil se sitúa en unos 638 millones de euros.
Tras cerca de dos años de espera, el pasado viernes se conocieron las sentencias de la Audiencia Nacional por las que estima los recursos interpuestos por el Ayuntamiento de Pontevedra y Greenpeace, contra la prórroga de la concesión sobre los terrenos en los que se asienta la fábrica de Pontevedra, concedida en enero de 2016 por 60 años más, señala el analista de Renta 4 Pablo Fernández de Mosteyrín en una nota en la que recuerda que esta planta supone aproximadamente un 44% de la producción celulosa y un 35% del Ebitda.
De este modo, ambas sentencias anulan la resolución recurrida y declaran no haber lugar a la prórroga de la concesión, otorgada en 1958 por un plazo de 60 años (hasta 2018). En su comunicado, la Audiencia Nacional considera que la concesión no justifica, como exige la Ley de Costas en su artículo 32.1, que la fábrica no pueda tener otra ubicación, citando como ejemplos las fábricas de Torraspapel en Zaragoza, Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga, así como la propia planta de Ence en Navia, emplazadas junto a ríos en los que evacúan el efluente pero fuera del dominio costero.
Recurso ante el Supremo
La compañía ha confirmado que recurrirá ante el Tribunal Supremo, defendiendo que, tal y como demuestra el estudio presentado recientemente por la ingeniería Idom, su actividad no puede tener una localización distinta de su actual emplazamiento.
Ence tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar dicho recurso y, según la última inspección realizada en el Supremo, el plazo medio de resolución de recursos en la Sala de lo Contencioso-Administrativo oscilaba entre los 11 y los 24 meses en los recursos de única instancia, por lo que esperamos que el proceso continúe enquistado e incluso haya posteriores recursos a instancias superiores (Tribunal Europeo de Justicia), por lo que podría alargarse otros 3 o 4 años más, avisa Fernández.
Recorte del precio objetivo
“Recordamos que la propia compañía cifró el impacto por el cese de la actividad en la fábrica en 185 millones de euros (>100% EBITDA 2021 R4e), de los cuales 74 millones impactarían directamente en la caja, derivados del desmantelamiento de la fábrica, la cancelación de contratos y el expediente de regulación de empleo, y 111 millones debido al deterioro del activo”, estaca el experto de Renta 4.
Adicionalmente, “esperaríamos cierta compensación para la compañía derivada de los compromisos de inversión adquiridos tras la prórroga de la concesión”, consistentes en 71 millones destinados a mejoras ambientales y operativas, 47 millones para un programa de inversiones en Galicia y un plan social en Pontevedra de 3 millones al año durante los 60 años de concesión. Desde la concesión de la prórroga, Ence ha invertido unos 130 millones.
“Teniendo en cuenta los recursos, consideramos que la fábrica deberá cerrarse hacia 2024, a lo que habría que sumar el impacto en caja de unos 74 millones y el deterioro del activo por unos 150 millones, sin tener en cuenta posibles indemnizaciones patrimoniales a favor de Ence por las inversiones realizadas”.
De este modo, manteniendo la valoración de la planta de Navia y del negocio de energía, Renta 4 reduce precio objetivo hasta 3,9 euros por acción, frente a los 4,5 euros anteriores. El experto avisa de que “la volatilidad en el valor continuará en niveles elevados”, aunque cree que “caídas adicionales constituirían oportunidades de compra”.
