Liberbank
El próximo 21 de junio el Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre los polémicos ERE aprobados por Liberbank en 2013. Si como ha ocurrido hasta el momento el Alto Tribunal toma una decisión a favor de los trabajadores, el banco podría verse obligado a devolverles algo más de 65 millones de euros, pero los sindicatos ya prevén sus próximos movimientos si la dirección sigue haciéndose de rogar.
“Aunque parezca descabellado, tratándose de nuestra empresa, no hay que descartar nada”, señala CSICA, uno de los sindicatos demandantes, en una circular. “Es evidente que en la fase de ejecución, CSICA hará valer dicho Capitulo III del Acuerdo de Excedencias Pactadas, ante la Audiencia Nacional”, avisa la formación al respecto.
Este Capítulo III reza en su primer capítulo que “la Entidad asume el compromiso de extender a toda la plantilla en activo las consecuencias derivadas de la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de 22 de julio de 2015, en los términos y con el alcance que se otorgue en virtud de Resolución firme de los Tribunales de lo Social en virtud de la demanda colectiva de ejecución promovida por varios Sindicatos, con independencia de si se ha instado por el trabajador o por algún Sindicato, tanto la ejecución colectiva como la individual dentro del plazo legalmente previsto”.
Sin embargo, la formación sindical reconoce que podría ocurrir que la empresa “se niegue a ello, en cuyo caso, CSICA, o alguno de los otros sindicatos firmantes, deberíamos presentar demanda de conflicto colectivo ante dicho tribunal, reclamando el incumplimiento del Acuerdo de Excedencias Pactadas”.
De este modo, “la empresa podría ganar tiempo de cara a demorar la restitución de los derechos al colectivo afectado”, apunta CSICA, que avisa a la dirección de Liberbank de que “su descrédito ante la Judicatura alcanzaría niveles pantagruélicos”.
Tal y como ya publicó ElBoletin.com, tras unas infructuosas negociaciones en mayo de 2013, Liberbank aprobó una serie de ajustes de manera unilateral que motivó que todos los sindicatos presentasen una demanda de conflicto colectivo ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, en junio de ese mismo año el banco llegó a un acuerdo con CCOO y UGT para un ajuste que se aplicó hasta diciembre de ese año pero que fue anulado por la Audiencia Nacional por vulnerar la libertad sindical, decisión que refrendó posteriormente el Tribunal Supremo.
La interpretación del banco fue que al ser anulado este ERTE, seguían vigentes las medidas aplicadas unilateralmente unos meses antes, lo que supondría una devolución a los trabajadores de unos seis millones de euros, frente a la interpretación de los sindicatos demandantes, CSI, CSICA y STC, que reclaman al menos 65 millones.
La Audiencia Nacional volvió a dar la razón a los sindicatos, que consideran que estas medidas unilaterales eran ilegales ya que la dirección de Liberbank se habría negado a entregar la información solicitada por los sindicatos demandantes durante el proceso de negociación. Sin embargo, el banco volvió a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, que será el que tenga la última palabra el próximo 21 de junio.
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