«Emergencia habitacional»: los alquileres son las nuevas hipotecas, según la PAH

“El precio del alquiler se ha disparado un 30% entre 2013 y 2016. La mayoría de la gente joven que alquila en las grandes ciudades dedica más de la mitad de su precario sueldo en el alquiler. Y a las familias les resulta imposible desarrollar proyectos largos de vida mediante el alquiler ya que tenemos los contratos más cortos de toda la UE”. Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) “es obvio” que “la emergencia habitacional que existe en las hipotecas se ha extendido a los alquileres”.

La plataforma refuerza hoy su campaña para la aprobación de su Ley de Vivienda presentada en el Congreso esta semana y lo hace centrándose en los inquilinos y en las políticas que han dificultado el acceso a un alquiler asequible.

“El gobierno del PP modificó la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 con consecuencias nefastas”, critica hoy la PAH, denunciando la reducción mínima del contrato de alquiler de cinco a tres años. “En segundo lugar, desvincularon los precios del IPC en las renovaciones contractuales. Una reforma innecesaria, que estaba hecha a medida de los grandes especuladores y los fondos buitres”, critican.

El coletivo defiende que “especuladores como Norvet, Elix, Anticipa, Cerberus y Goldman Sachs, que compran bloques enteros en las ciudades, negándose a renovar los contratos a las residentes e incluso realizando acoso inmobiliario”. También acusan a bancos y administraciones de favorecer a fondos de inversión, llamados ‘fondos buitre’, “como Blackstone, que en 2015 compró parte de la cartera hipotecaria de CatalunyaCaixa para poder quedarse con los hogares de familias que estaban en proceso de desahucio”.

“Y esto ocurrió a pesar de que CatalunyaCaixa había sido rescatada con 12.000 millones de dinero público sin ninguna contraprestación social a cambio”, remachan.

Consideran que la lógica que funciona tras este sistema es que “los grandes especuladores” puedan “echar de sus casas a las familias, reformar los pisos y volverlos a vender rápidamente”.

“También muchos de estos actores especulativos participan de las Socimis: sociedades de gestión que se dedican mayoritariamente al alquiler. Y que, por las políticas del PP, tienen hoy un régimen fiscal privilegiado en el que no pagan el Impuesto a las Sociedades”, denuncia la PAH.

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El colectivo que nació en defensa de los afectados por las hipotecas bufurca su atención ahora también hacia los alquileres porque, según el CGPJ con datos del tercer trimestre de 2017, el 62% de los lanzamientos se produjo en inmuebles de alquiler. “ Se produce un escenario de inseguridad tanto para las inquilinas como para los pequeños propietarios. Y esto ocurre en un contexto europeo donde los alquileres indefinidos están normalizados en países como Alemania y Noruega”.

Recurren al ejemplo de Berlín, donde existe un índice de referencia para marcar el precio de los pisos en alquiler según “sus características, antigüedad y localización”.

La PAH pide ir un paso más allá y que ese índice valore también los problemas adquisitivos de cada tipo de inquilino. En resumen, las propuestas del colectivo para ‘pinchar la burbuja’ del alquiler, contenidas en el texto ya registrado en el Congreso junto a Unidos Podemos, ERC, Compromís y Bildu, son las siguientes:

– Dotar a las Ayuntamientos que lo necesiten de la capacidad de crear índices de referencia locales para los precios del alquiler, que tengan en cuenta la capacidad adquisitiva de la población.

– Aumento de la duración de los contratos a 5 años en casos de pequeño propietario con posibilidad de renovación por otros cinco, y a 10 años en casos de gran propietario con posibilidad de renovación por otros diez.

– Alquileres indefinidos para víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y colectivos vulnerables.

– Habilitar ayudas a las familias vulnerables en casos de que su casero sea un pequeño propietario.

– Dotar a la Administración Pública de la capacidad de realojar a las familias vulnerables en pisos injustificadamente vacíos de la banca en caso de que su casero sea un pequeño propietario.

– Más seguridad en los contratos para garantizar el alquiler como forma de acceso a la vivienda.

“Ahora que la ley está registrada, el gobierno del PP tendrá hasta marzo para interponer un veto, que implicaría que estas medidas de sentido común ni siquiera se pudieran debatir en el Congreso”, lamenta la playaforma.

“Y esto a pesar de que la propia portavoz de vivienda del PP, Ana Zurita, reconoció durante un proceso de negociaciones que no había justificación para vetar la Ley Vivienda PAH ya que no afectaba a los presupuestos generales en vigencia”.

El colectivo denuncia que mientras tanto, hay 173 desahucios cada día, “173 razones para adelantar lo antes posible el debate democrático y aprobación necesaria de la Ley Vivienda PAH”.

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