El Boletín Oficial del Estado ha publicado esta semana el acuerdo que alcanzó el Consejo de Ministros el pasado 30 de noviembre por el que las personas que padecen el VIH podrán acceder a las convocatorias de empleo público.
La Constitución española consagra el principio de igualdad prohibiendo cualquier tipo de discriminación que pueda producirse por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El Tribunal Constitucional ha señalado que la enfermedad puede “en determinadas circunstancias constituir un factor de discriminación análogo a los expresamente contemplados en el artículo 14 de la Constitución, encuadrable en la cláusula genérica de las otras circunstancias o condiciones personales o sociales contemplada en el mismo”.
En ese sentido, los poderes públicos “deben asumir” la obligación de impulsar todas las medidas necesarias para la aplicación efectiva del principio de igualdad, confiesa el acuerdo tomado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El primer paso, eliminar el VIH de las causas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público, de modo que se pueda aplicar esta medida a todas las convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral.
