En el recurso interpuesto ante el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, argumenta que la resolución “lesiona el derecho fundamental que proclama el artículo 20 de Libertad de Expresión e Información, así como el artículo 28 de Libertad Sindical y Derecho de Huelga”, detalla en una nota.
El sindicato esgrime “como hechos probados que desde hace meses hay un conflicto y movilizaciones en defensa de la sanidad pública y de la Atención Primaria y existe un proceso de cierre de los Servicios de Urgencia de Atención Primaria y reordenación de efectivos con apertura de los nuevos centros PAC en el ámbito de las urgencias extra hospitalarias”.
Durante este tiempo, explica, se han llevado a cabo recogida de firmas de apoyo a los profesionales, se han movilizaciones en las puertas de los centros de salud, así manifestaciones masivas. La última de ella el pasado 12 de febrero. Precisamente, apenas unos días después, destaca Comisiones, el Ejecutivo regional publica dicha resolución y comienza la retirada de cartelería propia de las Secciones Sindicales. A esto hay que añadir, denuncia, que “se está impidiendo la publicidad sobre determinadas actividades sindicales y de información que entorpecen la legítima acción sindical.
Por todo ello, considera que este veto por parte de la Consejería de Sanidad responde “al éxito de las últimas movilizaciones y al conflicto existente en el ámbito de la Atención Primaria de la Comunidad de Madrid”. Además, ve “evidente” que dicha resolución tiene un “carácter marcadamente coercitivo y conminatorio, incluso con consecuencias desfavorables para quienes ejerzan derechos que son fundamentales”
Para esta organización sindical “se utiliza como instrumento para privar de efectividad a las movilizaciones” y recuerda que la Constitución “reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.
