El TSJ de Cataluña cita a Torrent como investigado por desobedecer al Constitucional

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El TSJ de Cataluña cita a Torrent como investigado por desobedecer al Constitucional

El tribunal también cita a Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado el mismo día.

Roger Torrent, presidente del Parlament

El expresidente del Parlament y conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado para el 15 de septiembre al expresidente del Parlament y conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, para declarar como investigado por presunta desobediencia.

En un auto consultado por Europa Press, acuerda abrir investigación y cita para el mismo día al entonces vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa; al secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado.

Esta causa parte de una querella de la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista -una reivindicaba la autodeterminación y otra reiteraba la reprobación al Rey-.

Las defensas de Torrent, Costa, Delgado y Campdepadrós presentaron recursos contra la decisión del TSJC de admitir la querella de Fiscalía, pero el tribunal los rechazó, y la magistrada instructora ha aceptado que Vox ejerza la acusación popular en la causa, para lo que tendrá que depositar una fianza de 10.000 euros.

El 1 de marzo, la Fiscalía Superior de Cataluña presentó esta querella que menciona una propuesta de resolución que el 22 de octubre de 2019 registraron Junts, ERC y la CUP contra la sentencia del 1-O y que defendía el derecho a la autodeterminación.

También se refiere a una resolución tramitada el mismo día y que “reiteraba la reprobación” al Rey después de que el TC ya había declarado inconstitucionales los apartados de otra resolución en el mismo sentido.

El fiscal considera que la tramitación de estas propuestas de resolución supuso desoír al TC, que había anulado las leyes de desconexión y había advertido a la Mesa del Parlament de su obligación de impedir que se aplicaran.

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