Así consta en el programa que ha aprobado para el año que viene el órgano presidido por Enriqueta Chicano, que prevé realizar un total de 119 fiscalizaciones, 24 por mandato legal y otras 95 a iniciativa propia. La mayoría se aprobarán en 2024 y otras empezarán sus trabajos en este año, pero llegarán al Pleno del tribunal en 2025.
El tribunal prestará especial atención, con ocho fiscalizaciones al grado de ejecución, procedimientos y actuaciones de los Fondos Next Generation. También están previstas otras cinco relacionadas con la gestión de la crisis ocasionada por el COVID-19 y sus efectos en los fondos públicos.
En las fiscalizaciones programadas a iniciativa propia, el tribunal sigue apostando por el impulso de las fiscalizaciones fundamentalmente operativas en relación con las grandes políticas públicas, en algunos casos incluyendo un enfoque evaluador.
FP Y PRÉSTAMOS A LA INDUSTRIA
En el ámbito de la Administración General del Estado y de sus organismos, las nuevas iniciativas más destacables se refieren a los planes de impulso y modernización de la formación profesional, el diseño y ejecución de la política de acceso a la vivienda y a los préstamos en el marco de los programas de apoyo a innovación, sostenibilidad y transformación digital de la industria.
Aquí se enmarca también la fiscalización de la bonificación en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos (Real Decreto-ley 6/2022) o el servicio de cita previa del SEPE, que tantas críticas ha cosechado.
En cuanto a la Seguridad Social, como novedades destacan las fiscalizaciones de la atención al ciudadano en el ámbito de las entidades del Sistema y del área de empleo y desempleo gestionada por el Instituto Social de la Marina.
Las nuevas actuaciones en el ámbito empresarial estatal se refieren, entre otras, a los procedimientos de gestión implantados por Red.es y Puertos del Estado para la ejecución de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), a la actividad de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo en la ejecución de vivienda pública o a la situación económico-financiera de Correos y Telégrafos.
En el ámbito fundacional estatal se ha previsto una nueva actuación para el seguimiento de las recomendaciones formuladas con anterioridad a la Fundación del Teatro Real.
CONCIERTOS EDUCATIVOS
Las nuevas propuestas se completan, en lo que atañe al sector público estatal, con la fiscalización del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado, además de dos actuaciones sobre los Consorcios Centro Sefarad-Israel y Casa Árabe.
En cuanto al sector público autonómico, las principales novedades están constituidas por la fiscalización de la gestión de los conciertos educativos vigentes durante el curso escolar 2023-2024, los gastos farmacéuticos hospitalarios, la contratación de las entidades de ámbito cultural y de las universidades (en todos estos casos en comunidades sin órgano de control externo propio).
También se prevé analizar la promoción y gestión de viviendas de protección pública, así como hacer el seguimiento de las recomendaciones realizadas en el ámbito de las medidas adoptadas para la implementación del PRTR, así como en materia de atención a las personas en situación de dependencia.
Entre las nuevas propuestas en el ámbito local, destacan, principalmente, las referidas a las actuaciones de los municipios beneficiarios de las subvenciones destinadas a fortalecer la actividad comercial en zonas turísticas (en el marco del PRTR), al establecimiento de zonas de bajas emisiones, a las políticas de promoción y gestión de la vivienda de protección pública en determinados ayuntamientos y a las subvenciones concedidas por determinadas diputaciones provinciales a los municipios.
PARTIDOS POLÍTICOS
También destacan las fiscalizaciones sobre las medidas implantadas para la protección del informante, sobre el proceso de reordenación del sector público institucional local y una moción sobre la modificación del régimen jurídico de las dotaciones económicas asignadas por las Entidades Locales a los grupos políticos.
En el ámbito de los partidos políticos, se incluye, a iniciativa del tribunal, una nueva fiscalización focalizada en el cumplimiento del principio de transparencia.
Las fiscalizaciones que corresponde realizar por mandato legal tienen un ámbito muy definido, como es la Cuenta General del Estado, las Cuentas Generales de las comunidades autónomas sin órgano de control externo propio y de las ciudades autónomas, las cuentas anuales de los partidos políticos y aportaciones percibidas por
sus fundaciones y entidades vinculadas, y las contabilidades electorales correspondientes.
Además, seguirá prestando especial atención, con carácter transversal en sus fiscalizaciones, al desarrollo de las políticas de igualdad efectiva de mujeres y hombres, al cumplimiento de la normativa sobre transparencia y a la sostenibilidad ambiental.
En el ámbito internacional el programa incluye las auditorías externas de la Organización Europea para la explotación de satélites meteorológicos (EUMETSAT) y del Observatorio Europeo Austral (ESO), las participaciones en los Colegios de Auditores del Fondo Europeo de apoyo a la Paz y de la Organización Conjunta de Cooperación en materia de Armamento (OCCAR), y la participación nacional en el Proyecto del Avión de Combate Europeo (Eurofighter).
