Según la comunicación del tribunal, recogida por Europa Press, a formación que lidera Íñigo Errejón incumplió la ley al aceptar donaciones de personas jurídicas; Més per Mallorca, el PDeCAT y Vox, por recibir donaciones finalistas, y los de Santiago Abascal también por aceptar donaciones no identificadas.
El fiscalizador ha escudriñado la contabilidad de 29 formaciones en 2018 y 32 en 2019. En total la financiación pública percibida por todos ellos ascendió a casi 555 millones, 183 millones en 2018 y 372 millones de euros en 2019. En concreto, los partidos y sus grupos institucionales recibieron 171 y 178 millones en 2018 y 2019, respectivamente, para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad, mientras que las subvenciones electorales ascendieron a 12 millones en 2018 y de 194 millones en 2019. Aquel año hubo elecciones generales, autonómicas, locales y al Parlamento Europeo.
Estas cantidades representaron el 71% y el 83% del total de los recursos obtenidos por los partidos. El tribunal ha vuelto a recomendarles que equilibren la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de la primera y posibles situaciones de insolvencia.
Una parte muy significativa de la financiación pública procede de las aportaciones que realizan los grupos institucionales, ya sean del Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas, las juntas generales o los ayuntamientos.
Aportaciones parlamentarias
El informe apunta que las aportaciones parlamentarias, constituyen un promedio del 58% respecto de las subvenciones totales concedidas por las instituciones a dichos grupos. Así, los grupos parlamentarios transfirieron 71 y 69 millones de euros a las formaciones políticas en 2018 y 2019 y los grupos locales, 34 y 42 millones.
Cuotas y aportaciones de afiliados
Los recursos privados recibidos ascendieron a 75 y 74 millones en cada ejercicio, en su mayoría de cuotas y aportaciones de afiliados y cargos públicos (29 y 25 millones en 2018 y de 27 y 26 millones en 2019). Los ingresos por operaciones de gestión patrimonial y actividades promocionales han representado en 2018 y 2019 un total de 18 y 12 millones y las donaciones privadas 3 y 8 millones, respectivamente.
Todas las formaciones políticas fiscalizadas presentaron las cuentas anuales ante el tribunal pero un 24% por lo hizo fuera de plazo en 2018, porcentaje que aumentó hasta el 44% al año siguiente. Destaca el caso de Nueva Canarias –que lo hizo con más de tres y dos años de retraso, respectivamente–, mientras que EH Bildu presentó las cuentas anuales consolidadas (no las individuales de cada partido federado) con más de tres meses de retraso y e Izquierda Unida acumuló retrasos de entre 45 y 15 días.
Además, EH Bildu e IU están entre los seis partidos que no incluyeron en sus cuentas la actividad de todas sus organizaciones locales. Tampoco lo hicieron el PSOE, el PNV, el BNG ni el Partido Aragonés.
Actividad económica de los grupos
Las formaciones políticas no están sujetas a la obligación de incluir en sus cuentas la actividad económica de los grupos parlamentarios y de los grupos municipales, por lo que se aprecia “gran heterogeneidad en la calidad de la información, en especial en lo atinente a los grupos políticos de ámbito local”. El informe señala que 14 de los 32 partidos fiscalizados en 2019 incluyeron las contabilidades de algunos o todos sus grupos.
El tribunal concluye que únicamente las cuentas anuales de ocho de las 29 formaciones políticas analizadas en 2018 y siete de las fiscalizadas en el ejercicio siguiente representan la imagen fiel del patrimonio y de los resultados obtenidos en el cada ejercicio.
Eso sí, el fiscalizador no ha podido emitir una opinión sobre la representatividad de las cuentas anuales en dos casos: Nueva Canarias, porque presentó su contabilidad con mucho retraso y sin la correspondiente documentación justificativa-, y la Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) que en su día lideró Jordi Pujol, que en 2019 tampoco facilitó la documentación justificativa requerida porque no contaba con personal tras haber declarado concurso de acreedores.
Deudas de los partidos con los bancos
Las deudas de los partidos con entidades de crédito al cierre de 2019 alcanzaba los 145,72 millones, de los que 76,44 corresponden a deudas con garantía hipotecaria, 27,25 a deudas con garantía no hipotecaria y 42,03 millones a deudas de naturaleza electoral. Las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 14,37 millones de euros.
Además, seis presentaban un patrimonio neto negativo: Teruel Existe, Foro de Ciudadanos (Foro Asturias), Más País, Convergencia Democrática de Catalunya, En Marea e Iniciativa per Catalunya-Verds. En el caso de las tres últimas, el desequilibrio patrimonial ha producido que se hallen inmersas en situaciones concursales, previas a su disolución.
El tribunal señala directamente a Nueva Canarias, el PNV y Unión del Pueblo Navarro por incumplir el deber de colaboración con el fiscalizador.
