El tiempo juega a favor de Zaplana: gran parte de los delitos han prescrito

Tras dos años de trabajo, la operación Erial se saldó con la detención del exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, acusado de blanqueo por la repatriación de 10 millones de euros desde paraísos fiscales. Ese dinero proviene, según las sospechas de la Unidad Central Operativa (UCO), de mordidas por adjudicación de contratos públicos durante su etapa al frente de la Generalitat.

Además, se ha detenido a otras seis personas de su círculo de confianza, por varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales, y se han realizado 22 registros. El Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción les imputan hasta siete delitos: cohecho, prevaricación, malversación, asociación ilícita, tráfico de influencias, fraude en la contratación y blanqueo de capitales.

Sin embargo, según las primeras informaciones, solo este último delito habría quedado sin prescribir, ya que Zaplana presidió la Comunidad Valenciana desde 1995 a 2002, y la mayor parte de las imputaciones se refieren a esa época, desde la que han pasado 16 años.

Sin embargo, el blanqueo de capitales se siguió cometiendo tras su salida del Consell. Según informaba ayer El Confidencial, el exministro de Aznar compró hace apenas dos meses un piso de 270 metros en el centro de Madrid valorado en dos millones de euros, sin recurrir a ninguna hipoteca. El mismo medio publica hoy que las mordidas le permitieron crear un imperio inmobiliario que ocultó con la ayuda de un amigo de la infancia y su mujer, poniendo a nombre de terceros las propiedades y camuflándolas en la red societaria de la pareja de su máxima confianza.

Según la investigación, Zaplana creó una red de comisiones ilegales procedentes de adjudicaciones de las ITV que privatizó en 1997 su gobierno en Valencia y del desarrollo de un Plan Eólico en la región levantina. Las pesquisas apuntan a que la trama de lavado de dinero se vehiculó mediante bufetes en Londres, Luxemburgo y Andorra.

La malversación y el cohecho que se derivan de esos supuestos delitos han prescrito, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. En este sentido, el blanqueo de capitales será el hilo del que tirarán los investigadores para destapar la trama y buscar responsabilidades a pesar del tiempo transcurrido desde la red de mordidas. El blanqueo de capitales prescribe, para cargos públicos o personas con autoridad pública, a los 15 años.

No obstante, el nombre de Zaplana aparece en lugares destacados de los sumarios de la trama Púnica, donde la UCO le acusa de tráfico de influencias por citar a Aznar y Botella con un empresario de la trama, y del caso Lezo, donde se investigan sus maniobras para influir en la Fiscalía junto a Ignacio González, así como para ayudar al expresidente madrileño a aflorar su patrimonio oculto.

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