Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que los magistrados de la Sala Segunda del TC han adoptado esta decisión al considerar pertinente el estudio del recurso, por lo que está previsto que en un futuro se pronuncie mediante sentencia sobre el fondo del asunto.
Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA, Oxfam Intermón y Coordinadora de ONGS para el desarrollo solicitaban que se anulase parcialmente el Plan Nacional en cuanto a la revisión de los objetivos para no superar 1,5 grados centígrados de incremento de temperatura global, y que en ningún caso la reducción de emisiones, para el mencionado periodo, fuese inferior al 55% en 2030 respecto de 1990.
Las ONG ya demandaron en 2020 al Gobierno por su «inactividad» frente al cambio climático y, cuando el Ejecutivo lanzó este plan un año después, lo impugnaron al considerar que era insuficiente, pero el Supremo lo validó al entender que se enmarcaba en los compromisos asumidos por la Unión Europea en la materia.
En julio de 2023, el alto tribunal rechazó el recurso de los ecologistas al considerar que el Plan Nacional era «ajustado a derecho, no arbitrario y supone integrarse en el compromiso asumido por la Unión Europea en esta materia».
«No parece que esa decisión de integrarse en los criterios de la Unión pueda tildarse de arbitraria como para que mediante la decisión que se nos pide podamos nosotros revocarla. En suma, no parece que la decisión de la Administración española, en legítimo ejercicio de dirección de la política nacional e internacional que le confiere la Constitución, pueda tacharse de arbitraria, sino todo lo contrario», concluyó el Supremo.
