Tribunal Supremo
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el instructor ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que ha reclamado dichas medidas cautelares este miércoles, en dos vistas que se han celebrado en el Supremo después de que Pelegrini y Olarte comparecieran como investigados.
En el marco de las vistas, las acusaciones populares –lideradas por el PP– se han adherido a la petición del Ministerio Público, mientras que las defensas han mostrado su oposición a que se acuerden las mencionadas medidas cautelares, según las fuentes consultadas.
Cabe recordar que el magistrado citó Pelegrini y a Olarte a comparecer como investigados a raíz de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre varias obras adjudicadas a la Unión Temporal de Empresas (UTE) de Acciona con Servinabar, mercantil que se sitúa en el epicentro de la presunta trama integrada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor ministerial Koldo García.
En sus respectivas declaraciones, ambos exdirectivos han negado cualquier irregularidad en las obras conseguidas con dicha UTE, al tiempo que han manifestado que los servicios se prestaron por parte de ambas empresas y que hay facturas de todo, según la citada agencia.
Los dos investigados han defendido a su vez que el 2% que se llevaba Servinabar de cada una de las obras conseguidas era una cantidad habitual para los servicios de prevención de riesgos laborales que se encargaba de prestar. No obstante, han precisado que no era una cantidad fija, sino un límite a los beneficios que podía obtener esta pequeña empresa de su UTE con el gigante de la construcción.
En el caso de Pelegrini, se le ha preguntado por sus reuniones con el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, y Cerdán, que aparecen documentadas en el último informe de la UCO sobre las relaciones entre ambas empresas y con el ex dirigente socialista, que sería socio al 45% de la mercantil navarra.
Pelegrini las ha enmarcado en el proyecto de ‘Mina Muga’ (Navarra), de 2015, donde la UCO sitúa el origen de la relación empresarial y de la presunta trama de amaño de obra pública a cambio de mordidas. Según las fuentes consultadas, ha expuesto que Cerdán acudía en calidad de “amigo” de Alonso pero también de “agente social” para “intercambiar impresiones” sobre el impacto de este proyecto en la región.
Sin embargo, al ser interrogado sobre si se había reunido con otros agentes sociales, concretamente representantes de otros partidos políticos, el exdirectivo de Acciona ha contestado que no.
En cuanto a Olarte, ha aseverado que solo conoce a Alonso por cuestiones profesionales, afirmando que no tiene relación alguna con Cerdán, el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos o su exasesor Koldo García, también investigados por este asunto.
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