El Tribunal Supremo español ratificó hoy que existen indicios de un delito de rebelión cometido por Carles Puigdemont y otros organizadores del proceso independentista en Cataluña, en contra de lo argumentado por la corte alemana que está analizando la entrega del ex presidente regional a España.
La Justicia española responde así directamente a la audiencia del estado federado alemán de Schleswig-Holstein,elemento necesario para considerar que Puigdemont incurrió en un delito de rebelión castigado en España con hasta 30 años de cárcel.
La Justicia española responde así directamente a la audiencia del estado federado alemán de Schleswig-Holstein, que en una polémica decisión dejó en libertad bajo fianza a Puigdemont y descartó entregarlo a España por rebelión tras su detención a fines de marzo por una orden europea de detención.
La corte alemana consideró entonces que el plan independentista catalán derivó en actos violentos pero no imputables a Puigdemont, en una situación que comparó con incidentes vividos en Alemania durante una protesta contra la reforma del aeropuerto de Fráncfort.
El auto del tribunal español considera que esa comparación «no es razonable». Los independentistas culminaron «el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales».
No se trata además de una rebelión de un grupo de personas más o menos organizada, sino que los responsables eran «sujetos que ocupaban oficial y legítimamente los poderes constitucional y legalmente establecidos en una comunidad autónoma».
La sala de apelaciones ve en concreto una violencia «totalmente previsible e inevitable» en el referéndum soberanista celebrado el 1 de octubre en Cataluña pese a que había sido prohibido por el Tribunal Constitucional español.
Los independentistas siguieron adelante con la votación «pese a todas las advertencias de los tribunales y de las autoridades gubernativas» e «indujeron a unos dos millones de personas a que salieran a la calle para votar ilegalmente» en una jornada que acabó con cientos de enfrentamientos y heridos.
Si todo esto hubiera ocurrido en Alemania, concluye el auto, «no parece muy factible que todo ello se saldara con una sentencia condenatoria meramente simbólica como se dice en la resolución del tribunal regional superior de Schleswig-Holstein”.
La polémica decisión del tribunal alemán sobre Puigdemont tensó las relaciones entre ambos países y abrió un debate sobre la orden de detención europea, un mecanismo usado en la Unión Europea (UE) precisamente para agilizar entregas basándose en una confianza mutua entre los sistemas judiciales de los países miembros.
El Supremo criticó hoy abiertamente esa medida aprovechando un auto de la sala de apelaciones destinado originalmente a desestimar el recurso planteado por Jordi Sànchez, candidato del independentismo a presidir Cataluña, contra el juez del tribunal que le impidió salir de prisión para asistir al pleno de investidura en el Parlamento.
