El Supremo ha paralizado la exhumación de Francisco Franco a menos de una semana de la fecha acordada por el Gobierno de Pedro Sánchez, el 10 de junio, para trasladar los restos del dictador a un panteón en el cementerio de El Pardo. La Sección Cuarta de la Sala III del tribunal ha acordado por unanimidad suspender cautelarmente esta decisión. Y lo ha hecho reescribiendo la historia.
El motivos, explica el tribunal, “es la de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales”. Según la sala, estos “se verían gravemente afectados si”, exhumados los restos de Franco, “se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan”.
Los magistrados argumentan que “el hecho de que fuera Jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 1975 atribuye a toda la controversia unos rasgos especiales que no se pueden ignorar y que permiten atribuir un perjuicio irreversible a la ejecución de la decisión del Consejo de Ministros de exhumar sus restos si ésta, después, fuere considerada contraria a Derecho”.
El Supremo sitúa a Franco al frente de la Jefatura del Estado en plena Guerra Civil. En concreto, tres meses después del inicio del conflicto. El mencionado 1 de octubre de 1936 hace referencia al día en el que el dictador recibió este título, que previamente se le concedió en una reunión de los altos mandos del ejército sublevado.
El tribunal obvia, por tanto, la existencia de los gobiernos legítimos de la Segunda República, que se prolongaron hasta el 1 de abril del 39, y se queda con la tesis defendida por el bando nacional.
