El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico, que actúen con «mayor contundencia» ante los persistentes casos de intrusismo profesional que siguen sufriendo los fisioterapeutas y conllevan «un serio riesgo» para la salud de los ciudadanos, además de ser «un claro fraude» a la sociedad con repercusiones negativas en la seguridad y salud de las personas. A si ha recordado que ser masajista o fisioterapeuta, ya que el primero, que no es un profesional sanitario, no puede tratar patologías ni hacer ningún tipo de actuación terapéutica que pueda confundir a la población. Además, insiste en que las garantías que ofrece un fisioterapeuta no son comparables, en modo alguno, a las que puede ofrecer un ‘pseudoprofesional’, apuntando que, en ocasiones, la escasa formación de estas personas puede comprometer gravemente la salud de sus pacientes, al aplicar técnicas o métodos cuyos efectos no sean los más indicados e, incluso, puedan resultar contraproducentes.
Se trata de situaciones, además, en las que la persona afectada puede verse desamparada en el supuesto de reclamación o conflicto, en cuanto a responsabilidad civil, ya que, a diferencia de los fisioterapeutas que sí tienen cubiertos estos riesgos, la mayoría de estas personas no tienen contratada ninguna póliza.
Entre otras acciones, desde el Sindicato pide a las autoridades autonómicas y locales sean especialmente estrictos en los procesos de autorización, inspección y control en todos aquellos centros que ofertan servicios de fisioterapia. Al respecto, recuerda que solo pueden ser realizados por un fisioterapeuta, como profesional sanitario acreditado por un título universitario.
De otro lado, la organización sindical reclama también una mayor contundencia y diligencia a las correspondientes instancias judiciales a la hora de condenar este tipo de prácticas fraudulentas que constituyen un delito de intrusismo laboral, y también, en ocasiones, de falsificación de documento público y apropiación indebida.
«No podemos permitir que en nuestro país sigan ejerciendo ‘pseudoprofesionales’ no cualificados en centros e, incluso, domicilios particulares, que buscan su lucro económico a la hora de realizar actuaciones que pueden llegar a poner en riesgo la salud de las personas», concluyen.
