Tras una larga sesión, la Cámara ha validado la norma, que hace algo más de un mes, el pasado 14 de abril, se desbloqueó. El Ejecutivo llegó a un acuerdo con ERC y EH Bildu para aprobarla con medidas como una nueva definición de la figura del ‘gran tenedor’, la eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, así como los pagos de los inquilinos a las inmobiliarias y la ampliación de la declaración de zonas tensionadas.
Respecto a los citados ‘grandes tenedores’, por ejemplo, la ley rebaja su definición de 10 a 5 inmuebles. Así, las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias, implantar esta rebaja y los propietarios que posean 5 o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán ‘grandes tenedores’ y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios, “reduciendo así la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión”.
En cuando a los inquilinos, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble “correrán siempre a cargo del propietario” y prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos.
El Gobierno ha logrado sacar adelante una de sus leyes ‘estrella’, y justo antes de las elecciones autonómicas y municipales del próximo día 28. Sin embargo, ya hay algunas comunidades que se han alzado en contra de esta norma. En especial, Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro en las últimas semanas que presentará batalla. No piensa aplicarla y la recurrirá en los tribunales.
