El acuerdo supone dar luz verde a una Ley de Vivienda que, “por fin, reconoce el derecho a la vivienda, interviene y regula el mercado del alquiler topando los mismos, pone coto a la especulación y los abusos, y frena el aumento descontrolado de los alquileres para facilitar y asegurar el acceso a la vivienda en condiciones aceptables y asumibles para toda la ciudadanía”. Así lo afirman ambas formaciones, que destacan que “son las fuerzas soberanistas de izquierda quienes han posibilitado y conseguido un avance social tan importante como es esta ley”.
De esta manera, los 18 votos que suman los dos partidos permitirán “hacer realidad” esta norma, han destacado el portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, y la diputada del Grupo Republicano, Pilar Vallugera, en una rueda de prensa conjunta en el Congreso.
Entre las medidas acordadas está que “serán regulados todos los alquileres en áreas tensionadas en todos los casos”. Tal y como han explicado, “los alquileres que se encuentren en áreas de mercado tensionado serán regulados y topados, sean propiedad de grandes tenedores o de pequeños propietarios, tanto para contratos de inmuebles que estén en el mercado de alquiler como para nuevos contratos”. Estos topes se establecerán, dependiendo de la modalidad de contrato y propiedad, “mediante la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores”.
También incluye ampliar la declaración de zonas tensionadas. Un área se declarará tensionada cuando se cumpla una de estas dos condiciones: “que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o bien que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de área tensionada”.
“Bastará con el cumplimiento de una de las dos condiciones para ello, en vez de ambas como establecía el proyecto del Gobierno”, destacan desde ERC y EH Bildu, y además se rebajará de 5 a 3 puntos el umbral de aumento sobre el IPC para declarar las zonas tensionadas.
Sobre los ‘grandes tenedores’, se rebaja su definición de 10 a 5 inmuebles. Las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias, implantar esta rebaja. Así, los propietarios que posean 5 o más inmuebles en área tensionada, se considerarán ‘grandes tenedores’ y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios, “reduciendo así la especulación y el acaparamiento de inmuebles que practican fondos buitre y demás fondos de inversión”.
Asimismo, se incorporan nuevas medidas de protección frente a los desahucios, como la prohibición de los mismos sin fecha y hora predeterminada y nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento.
Sobre los inquilinos, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble “correrán siempre a cargo del propietario”. “Se termina así con los abusivos gastos y honorarios inmobiliarios que impiden a muchas personas, especialmente a los y las jóvenes, acceder a una vivienda por el desembolso inicial que supone”, afirman ambas formaciones.
Además, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, “que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro gasto no atribuible al inquilino que no estuvieran acordadas previamente”.
La eliminación del IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos es otra de las medidas pactadas. Según exponen los dos partidos, “el IPC ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo”.
“Para evitar estos aumentos descontrolados, durante el 2023 se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que en 2024 será del 3% y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual”.
Por último, el acuerdo recoge que la Ley por el Derecho a la Vivienda “respetará las competencias autonómicas y locales, ofreciendo un marco jurídico habilitante y seguro para que las instituciones competentes en materia de vivienda puedan desplegar, desarrollar y ampliar las políticas de vivienda necesarias mediante sus capacidades y herramientas propias”. “Se suprimen”, por tanto, “siete artículos relativos a políticas de consumo, materia donde el Estado no tiene competencia, y modificamos varios más para superar la vulneración competencial en materia de vivienda de las comunidades”.
Esto supone que la nota “pasa de contener numerosas invasiones competenciales, a una ley habilitante que ofrece además de seguridad jurídica, la capacidad de adoptar nuevas políticas más avanzadas desde nuestras instituciones propias”.
A pesar de valorar positivamente el resultado de una negociación que se ha prolongado durante meses, ambas fuerzas políticas creen que esta ley “sigue adoleciendo de medidas aún más profundas y valientes”. En concreto, reconocen que les hubiese gustado llegar más allá, introducir “medidas más audaces y de mayor alcance, pero no ha sido posible por la negativa del Gobierno”.
El pacto alcanzando llega antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, un objetivo que se habían marcado desde Moncloa para poder hacer así bandera del mismo en la campaña.
