El PSOE retoma su eterna promesa de recortar privilegios a la Iglesia tras descafeinarla durante meses

Plaza de San Pedro
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«Si cada vez que la derecha llega al poder vuelve a imponer dogmas que son solo de algunos, nosotros tendremos que revisar también algunas normas de la Transición”, amenazaba Alfredo Pérez Rubalcaba en 2012 anunciando que plantearía “seriamente la revisión del acuerdo con la Santa Sede” desde su entonces posición como líder de la oposición.

Desde ese año, una de las eternas promesas socialistas ha vuelto recurrentemente a los titulares, aunque el PSOE no haya recuperado el Ejecutivo y por tanto sin oportunidad de derogar el Concordato con la Iglesia, firmado en 1979. “Desde la oposición lo denunciaremos (el Concordato); cuando lleguemos el Gobierno, sencillamente lo derogaremos”, volvía a prometer Rubalcaba en 2013.

Ese año, en plena polémica por la ley del aborto, Elena Valenciano recuperaba la amenaza: «Si el Gobierno del PP va a ir de la mano con los obispos para modificar la ley del aborto, para volver a limitar la libertad de las mujeres, ya les anuncio que el PSOE exigirá que se denuncien los acuerdos con la Santa Sede», avisaba la entonces vicesecretaria general del PSOE.

Pasando del aborto a la Educación, en 2015 los socialistas recordaban que los acuerdos con el vaticano sobre la relación Iglesia-Estado en España se pactaron con anterioridad a la Constitución, “por lo que nos planteamos buscar un nuevo marco de acuerdo”, explicaba Meritxell Batet, exsecretaria de Estudios y Programas del PSOE y exnúmero dos de la lista por Madrid, en octubre de 2015.

Apuntaba que los colegios católicos “tienen absoluta libertad para establecer todas las horas de religión siempre que no sea evaluable ni cuente para hacer medias académicas o para acceder a becas, y se dará por tanto fuera del horario escolar”, prometía Batet con las primeras elecciones de Pedro Sánchez a punto de celebrarse.

Tantas y tan diversas eran las manifestaciones del PSOE respecto a los acuerdos con la Iglesia que los propios obispos, tras aquellos comicios y el posterior pacto entre PSOE y Ciudadanos para intentar la investidura de Pedro Sánchez, llegaron a preguntar a ambos partidos sobre qué querían decir exactamente con revisar el Concordato. “¿Por qué es necesario cambiarlos? ¿En qué se necesitan cambiar? ¿Se trata de denunciarlos en totalidad?», preguntaba el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez.

El cardenal le devolvía así el golpe a los socialistas, que se presentaron a las elecciones generales con un programa en el que figuraba suprimir el sistema de asignación tributaria actual del que se aprovecha la Iglesia, eliminar la referencia a la Iglesia Católica del artículo 16 de la Constitución o proceder a la transformación de los lugares de culto en los centros públicos en lugares de oración multiconfesionales.

De esas contundentes promesas, y de la intención de “derogar” los acuerdos en palabras de Rubalcaba o “denunciarlos” en las de Sánchez, el pacto de Gobierno junto a Rivera a inicios de 2016 se quedó en “revisar”. La idea se fue desdibujando desde que los ciudadanos metieron su papeleta en la urna a finales de 2015.

En un primer documento que el PSOE redactó para conseguir el apoyo de los partidos en su investidura, sólo se hacía referencia a dos: denunciar los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica y establecer un estatuto común en derechos y obligaciones para todas las confesiones religiosas.

Pero unos días después, en el documento firmado junto a Rivera sólo se leía: “Se revisarán los Acuerdos con la Santa Sede para buscar un nuevo marco de relación entre el Estado y la Iglesia Católica”. Era el mismo verbo usado en el programa de los ‘naranjas’, que prometían “revisar el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979”.

Ayer, el secretario de Justicia y Libertades del PSOE, Andrés Perelló, avanzaba que planteará a su partido denunciar los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1979 porque considera que están «obsoletos» y que tanto la Iglesia católica como el Estado tienen que estar cada uno «en su sitio».