Carmen Calvo, secretaria de igualdad del PSOE
El PSOE ha registrado hoy en el Congreso una ‘proposición de ley para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación’ en la que propone sanciones de hasta 50.000 euros a las empresas que impidan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral o que despidan a una mujer víctima de violencia de género.
Y es que l Grupo Parlamentario Socialista tipifica como infracciones ‘muy graves’ a la norma que proponen no sólo impedir el ejercicio corresponsable de los derechos de conciliación, sino también la extinción de un contrato durante un periodo de prueba por embarazo o maternidad o el despido de una trabajadora víctima de violencia de género por el ejercicio de su tutela judicial efectiva, entre otras.
Se trata de una ley de 49 artículos, que hace un repaso por toda la normativa laboral española, afecta a siete leyes, a tres reales decretos y a siete directivas comunitarias, y con la que los socialistas quieren pasar “de las buenas palabras a los hechos, de las propuestas a los derechos”, según ha informado su secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, declaraciones recogidas por Europa Press.
Calvo considera que con la ley que propone su partido la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, “que tanto afecta a mujeres y hombres”, con esta ley “empieza a ser un verdadero derecho individual” sobre el que negociar en el ámbito de la negociación colectiva, “donde las mujeres se verán reforzadas”.
Asimismo, Calvo ha señalado que esta propuesta incluye la derogación de elementos de la reforma laboral de 2012, en la que, según ha explicado, “no se promocionaba con incentivos la vuelta de las mujeres al trabajo después de ser madres”. “El trabajo para ellas representa su garantía de independencia, de poder ser ciudadanas, madres y trabajadoras”, ha aseverado.
Se establece como infracciones ‘graves’ ocultar información a las personas trabajadoras sobre el diagnóstico correspondiente al plan de igualdad de una empresa, obstaculizar la Inspección de Trabajo o incumplir el deber de negociación de acciones positivas para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los contratos formativos de una empresa.
Las infracciones ‘leves’, según esta propuesta de ley, van desde obstaculizar el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal y familiar o incumplir el principio de composición equilibrada de las comisiones negociadoras, descendiendo del 40% la presencia de personas de alguno de los dos sexos.
Las sanciones por las infracciones ‘leves’ podrán imponerse en los grados mínimo, con multas entre 60 a 125 euros; medio, entre 126 y 310 euros, y máximo, entre 311 y 625 euros. Las ‘graves’ en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros; medio, de 1.125 a 3.125 euros, y máximo, de 3.126 a 6.250 euros. Y las ‘muy graves’, de 6.125 a 12.500 euros (mínimo); de 12.501 a 25.000 euros (medio), y de 25.001 a 50.000 euros (máximo).
Los socialistas quieren limitar con esta ley el derecho empresarial a distribuir irregularmente la jornada de trabajo, a la movilidad geográfica o a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En definitiva, plantean que cuando las empresas tomen decisiones en cualquiera de estos sentidos, tengan en cuenta las necesidades de los trabajadores que están ejercitando sus derechos de conciliación.
Con esta ley el PSOE quiere que se reconozca de forma plena el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo, en el caso de las personas trabajadoras con hijos o hijas tras la incorporación de un permiso parental y hasta que cumplan doce años. “La infancia tiene que ser atendida de forma mucho más digna, humana y llena de valores”, ha apostillado Calvo.
Además, pretende acometer con la nueva normativa una modificación “sustancial” en los términos en que ciertos permisos, suspensiones de contrato o excedencias vinculadas con la conciliación se reconocen, “de forma que se convierten en derechos individuales, que pueden ser ejercidos indistintamente por uno u otro de los progenitores sin posibilidad de transferencia”.
En la propuesta socialista el permiso de parto se reduce a seis semanas obligatorias tras el nacimiento destinadas a la recuperación de la madre; se introduce un permiso por nacimiento para el otro progenitor de seis semanas obligatorias; se reconoce un permiso parental, igual e intransferible para el cuidado del menor de doce meses, ya sea por nacimiento o por adopción de diez semanas para cada progenitor.
La ley introduce nuevos incentivos cuando la reducción de la jornada por el cuidado de un lactante, el permiso por cuidado de menor de doce meses o la excedencia por cuidado de hijo menor de tres años son ejercidos en términos equivalentes por ambos progenitores. De esta forma, la reducción por cuidado de un lactante se amplía hasta los doce meses; el permiso parental por cuidado de un bebé de menos de doce meses tendrá una duración adicional de una semana para cada uno de los progenitores, y la reserva del puesto de trabajo en las excedencias se incrementa hasta los 18 meses.
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