El PSOE, dispuesto a anular los juicios y sentencias franquistas

Francisco Franco

La portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, ha lanzado el guiño definitivo a Esquerra Republicana para que el partido catalán se anime a apoyar la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco al deslizar su voluntad de anular todos los juicios franquistas.

ERC condiciona a esa medida el sí al Real Decreto Ley sobre los restos de Franco que prevé aprobar este viernes el Consejo de Ministras y Ministros. El partido de Joan Tardá exige un compromiso para anular todas las sentencias franquistas impuestas durante más de tres décadas. Principalmente, la condena a muerte dictada al expresident catalán Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940.

Esta petición cuenta con el apoyo de PDeCAT y Unidos Podemos. La formación morada considera que es necesario anular las sentencias ‘ideológicas’ de tribunales militares del franquismo y pide además una reforma que permita juzgar a quienes cometieron entonces delitos de lesa humanidad.

La portavoz del PSOE, Adriana Lastra, asegura que esas medidas ya estaban incluidas en la ley de Memoria Histórica “que el Partido Popular vetó” durante sus años de Gobierno. “En eso (la nulidad de las sentencias franquistas) hay plena sintonía, por lo tanto, espero tener una mayoría absoluta para sacar al dictador del mausoleo”, destaca Lastra.

“No se entiende que se siga teniendo un mausoleo a un dictador mientras seguimos teniendo a 115.000 personas en fosas, en cunetas que nadie sabe dónde están”, lamenta la portavoz socialista.

¿Decisión simbólica o real?

La decisión de anular los juicios y las sentencias del franquismo sería una medida más estética que profunda, aseguran la mayoría de juristas consultados por distintos medios.

“Puede tener un componente de reparación personal, sentimental, simbólica o cultural, pero difícilmente efectos jurídico penales”, considera Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), al diario El País.

En ese mismo periódico, Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, admite que sería una medida con mayor valor simbólico que práctico: «Es reconocer que era un régimen ilegítimo y que las resoluciones de esos tribunales carecían de validez, y eso algo a lo que hay que darle importancia, pero más allá de lo simbólico no sé qué efectos puede tener cuando la sentencia más reciente tiene 43 años”.