El presidente del PP, Pablo Casado, en la Plaza de Toros de Valencia.
El Partido Popular ha presentado este lunes en Barcelona su programa electoral para las elecciones generales del 28 de abril. Un documento de 105 páginas que, en materia de vivienda, prioriza el interés del propietario sobre el del inquilino.
“Favoreceremos el desarrollo de seguros de arrendamiento que cubran el impago de los alquileres y los daños que pueda causar el inquilino, especialmente para facilitar el alquiler de los jóvenes. Implantaremos sistemas de arbitraje para resolver, de manera rápida y poco costosa, conflictos entre arrendadores y arrendatarios”.
Ese es el primer punto de la sección ‘Vivienda y urbanismo’ del programa electoral del PP. Una propuesta inicial que ya deja ver cuáles son los principales focos de interés del grupo parlamentario popular. De hecho, el partido de Pablo Casado no propone nada que esté centrado exclusivamente en los inquilinos.
Después del seguro que cubra impagos, la siguiente propuesta aboga por flexibilizar las operaciones de Regeneración Urbana, para facilitar ajustes de edificabilidad y de usos del suelo.
Además, en plena burbuja del alquiler, el PP quiere incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos.
Esa es una de sus propuestas para incentivar el alquiler residencial. Otra, impulsar oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada.
‘Okupas’ a prisión
El programa electoral del PP pide aprobar una reforma en el ámbito civil y penal “para proteger a los propietarios y a las comunidades de vecinos contra la ocupación ilegal de viviendas”.
Entre estas medidas, se contemplará suprimir del delito de coacciones para acciones tales como cambiar la cerradura, cortar la luz u otras que los propietarios ensayen, sin autorización judicial, con el objeto de recuperar la posesión de la vivienda usurpada.
Además, “reforzaremos el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y se modificará el Código Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación. Agilizaremos los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupada”.
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