El peculiar proceso judicial dio inicio a partir de una demanda del CFR I Limited, una entidad considerada por el gobierno cubano como fondo buitre, a partir de la compra de la deuda a un banco chino.
La jueza Sara Cockerill dictaminó ayer que CRF I no era acreedor del Estado cubano, decisión que condujo al presidente Miguel Díaz-Canel a suscribir en su página de Twitter que “otra vez fallaron los enemigos de la nación. Sus mentiras chocaron contra un tribunal “profesional y prestigioso”.
Según la jueza, las irregularidades cometidas por funcionarios de la banca cubana, algunos de ellos en prisión, fueron motivos razonables para que las autoridades locales negaran su consentimiento en ceder la deuda por unos 80 millones de dólares a favor de los demandantes con sede en Islas Caimán.
