El camino judicial que pretende iniciar el exconseller de la Generalitat, Toni Comín, contra Telecinco, después de que El Programa de AR haya difundido los mensajes que le envió Carles Puigdemont, tiene poco recorrido. Al menos así lo consideran la mayoría de abogados expertos en la materia y los precedentes. El más similar, el caso Rubalcaba, que acabó con una reprimenda del Congreso a El Mundo y nada más.
El 21 de diciembre de 2011, un mes después de la victoria por mayoría absoluta de Mariano Rajoy, El Mundo publicó en su portada una foto del móvil del que por entonces era secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. En esa captura se leía el siguiente mensaje: “Me dice nuestra informadora en Ayto de Madrid q Gallardón va Defensa”. Finalmente Gallardón fue a Justicia.
La indignación de los parlamentarios con El Mundo provocó que Jesús Posada, recién nombrado presidente del Congreso, solicitara un informe jurídico a la Secretaría General de la Cámara para que dictaminase si la reproducción de dicha imagen captada por Alberto Cuéllar era una ilegalidad.
No lo era. No era ninguna ilegalidad, aunque el Congreso decidió reprender al fotógrafo y suspender su acreditación. Lo que había realizado Alberto Cuéllar no afectaba a la intimidad ni a la confesión de secretos de Rubalcaba.
Tal y como aseguró el catedrático de Derecho Penal de la UCM, Enrique Gimbernat, “otra cosa sería si el fotógrafo capta en el Congreso, y posteriormente publica, un mensaje en el que un diputado concierta una cita sexual, […] o si el cámara se acerca sigilosamente al escaño de un diputado, le arrebata el móvil, abre el buzón de entrada hasta entonces oculto, y se pone a leer los mensajes que hasta entonces ha recibido”.
En la misma línea que Gimbernat se posiciona el Bufete de Abogados Almeida, liderado por Carlos Sánchez-Almeida. “Que un medio reproduzca un mensaje ya abierto por descuido del receptor no vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones”, asegura Almeida en su perfil en redes sociales.
Según este bufete, la frase captada a Comín (‘El ridículo histórico es histórico’) tiene un “indudable” interés público. En ese sentido, asegura que la querella tiene tanto futuro como si la hubiese puesto Celia Villalobos cuando la filmaron jugando al Candy Crash.
“La pantalla era visible y fue grabada en un acto público y se trata de una información de interés para la opinión pública”, afirma. Además, recuerda una sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2005 sobre captación de pantallas de móviles.
https://twitter.com/bufetalmeida/status/958664046290628608?ref_src=twsrc%5Etfw
El mensaje se ha captado por un descuido de Comín. “Ya había llegado a destino, se había abierto y ha sido el quien no ha cuidado ese contenido”, analiza Almeida en El Confidencial. “Eso anula el secreto de las comunicaciones”.
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