El Senado ha decidido tomar protagonismo en la lucha contra la violencia machista. Todas las fuerzas parlamentarias se han unido para reclamar que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 se destinen los recursos necesarios a esta batalla. Una petición que ya se llevó a finales de año a la Cámara Alta y que no salió adelante por los votos en contra del Partido Popular.
Los partidos políticos han declarado la guerra a la violencia machista. O eso al menos quieren reflejar las formaciones presentes en el Senado. A través de una declaración conjunta, las organizaciones buscan que el Gobierno de Mariano Rajoy apueste por una serie de políticas, así como que en las cuentas de 2017 se manifieste la perspectiva de género y se dote de fondos a esta lucha.
Una declaración que se presentará como una moción conjunta para que se debata en el próximo pleno del Senado que se celebrará los días 4 y 5 de abril. Iniciativa que se llevará al Congreso de los Diputados para que su contenido se incluya en los trabajos que está realizando la subcomisión sobre violencia de género, a la Comisión de Igualdad del Senado para su inclusión en la ponencia sobre este asunto y a los gobiernos autonómicos.
De esta manera, como ha recogido EFE, las formaciones han determinado la necesidad de llegar a un Pacto de Estado donde se detallen una serie de medidas como:
- El refuerzo de los protocolos para mejorar la protección de las víctimas y sus hijos y la detección temprana; la suspensión del régimen de visitas de los maltratadores; la reducción de la doble discriminación que sufren las mayores de 65 años y las mujeres del medio rural; la elaboración de políticas de prevención para las mujeres con discapacidad/diversidad funcional; el avance en la interconexión de los sistemas de información tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas.
- La ampliación de la formación especializada de los profesionales de la educación, justicia, salud, comunicación, judicatura, fiscalía y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como la de los jóvenes en todos los niveles, etapas y grados del sistema educativo, son otras de las propuestas.
- El trabajo en la rehabilitación y reeducación de los agresores y el acordar con los medios de comunicación que en sus contenidos y programas no justifiquen o banalicen la violencia contra las mujeres.
- Por último, el reforzamiento del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; la convocatoria de la Conferencia Sectorial para impulsar nuevas estrategias y la creación de una comisión interministerial, en la que participen también los portavoces parlamentarios, la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y las CCAA.
Una cuestión que ya ha sido objeto de debate en el Senado. De hecho, los partidos se han posicionado en más de una ocasión cuando varias mociones han llegado a la Cámara Alta. Algo que sucedió a finales de noviembre de 2016. Momento en el que Unidos Podemos pretendió instar al Ejecutivo a dotar de mayores recursos a la Administración y a las asociaciones de apoyo a la mujer en su lucha contra la violencia machista. El PSOE y el Grupo Mixto llegaron a presentar enmiendas que fueron incorporadas. Un trabajo que fue en balde ya que la mayoría absoluta del PP se valió para tumbar la propuesta.
Más recientemente, a inicios de marzo, el rodillo del PP volvió a ser suficiente para rechazar otra Proposición de Ley de Unidos Podemos. Esta vez, la iniciativa de la formación morada –que no pasó ni tan siquiera los trámites para llegar a debate- abordaba la necesidad de que los hijos de madres asesinadas por la violencia machista pudiesen recibir “las mismas prestaciones económicas para su manutención” que los “hijos de las víctimas del terrorismo”. De la misma manera, la organización proponía que acogiesen pensión aunque la madre no haya cotizado. Unas propuestas que, según el partido, tenía un coste de 3,8 millones de euros y que los populares dijeron ‘no’.
