Para Alberto Nadal, el “pecado original” de este conflicto parte del nombramiento de Ángel Escribano como presidente de Indra a comienzos de 2025, cuando tomó el relevo de Marc Murtra, hoy presidente de Telefónica.
“La pregunta inicial es por qué se nombra presidente de Indra a una persona propietaria de una empresa con la que podía haber una confluencia estratégica por parte de Indra para crear una base industrial. Es que el pecado es original”, ha criticado el vicesecretario de Economía del PP en un encuentro con medios de comunicación, recoge Europa Press.
“Bajo un Gobierno del Partido Popular, semejante línea estratégica nunca habría ocurrido igual. No se nos ocurriría, ni por lo más remoto, plantear operaciones societarias con estos conflictos de intereses”, ha añadido.
Los copropietarios de EM&E son el presidente de Indra, Ángel Escribano, y su hermano, Javier Escribano, que es el presidente de EM&E y consejero dominical en Indra. EM&E posee un 14,3% de Indra y es el segundo mayor accionista de la compañía, tan solo por detrás del Gobierno, que tiene una participación del 28% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Concebida en un primer momento como una fusión por absorción, al Gobierno le entraron dudas acerca de esta estructura debido a que, en función de la valoración final que se haga de EM&E –de lo cual dependería un canje de acciones–, el Ejecutivo podría perder el control de la empresa, lo cual quiere evitar, sobre todo en un momento geopolítico como el actual, según la citada agencia.
No obstante, tras hacerse patente las dudas del Gobierno –la acción de la compañía se desplomó y se llegó a rumorear incluso con la salida del presidente de Indra–, los Escribano están dispuestos a negociar “cualquier opción”. Incluso, que la operación se estructure a través de una toma del control de EM&E por parte de Indra, a lo cual en un principio se negaban los hermanos Escribano.
Gasto en defensa
Ante esta situación, que para el PP es “compleja y extraña”, Alberto Nadal ha advertido de que lo verdaderamente relevante es quién diseña este camino y cuál es el objetivo final del mismo.
“El objetivo último debe ser que España, si va a incrementar su gasto en defensa, debe tener una base industrial para el Ejército de Tierra competitiva, capaz de hacer productos que podamos intercambiar con nuestros socios europeos”, ha subrayado.
Pero, en cualquier caso, el vicesecretario de Economía del PP ha censurado que se trata de “un conflicto de interés de caballo” y una situación que “no ocurre en ningún país del mundo”.
Vigilará la adjudicación de contratos militares
Nadal ha advertido de que están “altamente vigilantes” de las asignaciones y adjudicaciones de contratos que está recibiendo Indra y de todo movimiento corporativo que se produzca y que pueda suponer fuertes conflictos de interés.
“Si hubiera una cuestión que no fuera legal, evidentemente, el Partido Popular va a tomar las decisiones que sean necesarias, tanto políticas como judiciales”, ha advertido Nadal.
