El PP exige al Congreso una tramitación «sosegada» de la reforma del CGPJ porque supone una «mutación Constitucional»

El PP ha registrado un recurso para que la Mesa del Congreso revoque su decisión de tramitar por la vía urgencia y sin pedir informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la reforma que persigue limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces mientras esté en funciones, una iniciativa que, según la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, supone «una mutación Constitucional» y que, por tanto, debe ser sometida a un «debate sosegado» en el que se escuche a todos los implicados.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el PP argumenta por qué considera «contrarias a derecho» la tramitación urgente de la proposición de ley y la negativa a recabar informes del CGPJ y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

Ambas decisiones fueron adoptadas gracias a la mayoría que PSOE y Unidas Podemos suman en la Mesa de la Cámara y que contaron con el voto en contra también de Vox. Si el recurso del PP no prospera, como se prevé, los ‘populares’ ya tendrán vía libre para llevar el asunto al Tribunal Constitucional. En cualquier caso, no está previsto que la Mesa lo resuelva, como pronto hasta finales de este mes.

MINIMIZACIÓN INTOLERABLE DE GARANTÍAS

Para el PP, los dos acuerdos deben ser rectificados porque con ellos la Mesa no respetó «la lealtad debida a la noción de Estado democrático y de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia y pluralismo político» ni tampoco los compromisos que tiene España con la Unión Europea y el Consejo de Europa.

Los ‘populares’ recurren a los argumentos esgrimidos por el propio CGPJ en el escrito por el que, el pasado 17 de diciembre, pidió al Congreso ser consultado sobre la reforma. Así, inciden en que el contenido de la misma es «extraordinariamente sensible y relevante para la democracia» y que su tramitación por urgente que supone reducir todos los plazos a la mitad implica una «minimización intolerable de las garantías».

Por ello, exigen a la Mesa una tramitación ordinaria que permita un debate «sosegado, garantista, prudente y suficiente» y en el que se recabe de la opinión de todos los sectores afectados y del Consejo de Europa.

A juicio del PP, «la irreflexiva confirmación» de estas decisiones sería «una dejación de funciones» y la «vulneración» por la Mesa de del derecho fundamental del ejercicio del cargo de diputados y del derecho a la representación política de la ciudadanía.

LAS «HORDAS CLAUDINAS» IMPONEN SU CRITERIO

Para el grupo que capitanea Gamarra, el modo de actuar del PSOE y Unidas Podemos en el órgano de gobierno de la Cámara es «inaceptable» en la medida en que supone «la imposición por las hordas claudinas de una determinada mayoría parlamentaria» para imponer una modificación de la ley «por la puerta de atrás» alegando, además, la supuesta urgencia de cambiar un ‘status quo’ que lleva vigente más de cuatro décadas.

En su opinión, lo que se busca, en definitiva, es una «mutación constitucional» por «cauces ajenos» a los procesos de reforma de Carta Magna y, encima, en pleno estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus.

Por si fuera poco, el primer partido de la oposición añade que los grupos que dan apoyo al Gobierno incurren, además, en un «fraude de ley» al proceder al «subterfugio» de impulsar la iniciativa como proposición de ley en vez de como proyecto del Gobierno para poder alegar que la petición de informes al CGPJ es «potestativa».

Tras echarles en cara que haya optado por una «inaudita marginación» y «orillamiento» del Consejo, el PP también achaca a PSOE y Unidas Podemos un «proceder despótico» por contravenir «deliberada y voluntariamente» los criterios europeos y remarca que el Derecho de la Unión impone la consulta a la Comisión de Venecia ante este tipo de reformas.

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