Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid
La Guardia Civil pone de nuevo al PP de Madrid contras las cuerdas. La Unidad Central Operativa (UCO) ha descubierto que los populares usaron a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, conocida por Fundescam, para contratar presuntos informes sobre los efectos de la crisis que no eran otra cosa que sondeos de intención de voto en municipios importantes para Génova.
Según desvela El Confidencial, el supuesto fraude se habría producido en los meses previos a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2011, que ganó Esperanza Aguirre con una nueva mayoría absoluta. Gracias a las pesquisas en torno al caso Púnica se ha conseguido comprobar ahora que el PP acudió a estos comicios y también a las municipales de 2007 y a las generales de 2008 con donaciones ilegales, desvíos de subvenciones públicas y, en conjunto, sobrepasando el gasto permitido en las campañas.
En el caso de 2011, el exceso presupuestario rondó los 1.546.000 euros, según la investigación.
Las facturas y las encuestas que probarían la trampa de los falsos estudios, según el mencionado diario digital, fueron encontradas el pasado marzo en la agencia de investigación de mercados Demométrica, una de las mercantiles que están acusadas de haber colaborado con los populares en la ocultación de su caja b. Según el sumario, hay cuatro facturas de esta firma por valor de 39.156 euros IVA incluido que fueron abonadas por Fundescam.
La primera de ellas es del 31 de enero de 2011 y asciende a 11.835 euros. Supuestamente, se corresponde con trabajos de “evaluación, seguimiento y asesoramiento sobre la repercusión de la crisis económica en el empleo en los municipios del ‘Cinturón Industrial Sur’”. La UCO no encontró ningún documento relacionado con el concepto de la factura, aunque sí localizó encuestas de intención de voto en Parla y San Martín de la Vega, dos municipios del llamado Cinturón Industrial Sur en los que los populares querían desbancar al PSOE.
Para los investigadores la factura sólo tenía como objetivo esconder la utilización de fondos de Fundescam para abonar servicios que tenían como único beneficiario al PP.
En estos informes se buscana conocer el “estado de opinión de la población sobre su ciudad y su alcalde”. En concreto, la “intención de voto”, la “fortaleza de los partidos”, la “notoriedad y valoración de líderes”, “los segmentos de afinidad e imagen del alcalde/sa” y la “valoración situación y calidad de vida en el municipio”.
La segunda factura abonada por Fundescam reproduce el mismo esquema. Esta vez sobre los municipios del “Corredor del Henares” y “Zona Norte” de la región. El último era sobre Boadilla del Monte y Guadarrama.
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