Palacio de la Bolsa de Madrid
La oficina del Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid recibió en 2017 “un elevado número de consultas relativas al Banco Popular cuya resolución “convulsionó al mercado financiero”. Según consta en el informe anual, difundido por Bolsas y Mercados Españoles (BME), los inversores particulares “no entendían cómo un valor como ese, que según ellos gozaba de solvencia, repentinamente podía terminar con la reducción del valor nominal a cero, sin haber tenido hasta ese momento ninguna información de los problemas o de la situación financiera de la compañía”.
Asimismo, esta oficina recibió “numerosas consultas de información sobre la validez de la liquidación de las compras realizadas el día anterior de la suspensión del valor, así como el tratamiento de la operativa de las ventas a crédito y de las operaciones de derivados del valor”.
Tras estas consultas, se recabó la información pertinente de los distintos organismos y entidades involucradas, con el fin de contribuir a su difusión y a disipar dudas”, destaca Carlos Fernández, Protector del Inversor de la Bolsa de Madrid.
Además del caso del Popular, también destacó el aumento de solicitudes de información sobre los gastos de custodia que soporta el inversor sobre valores excluidos de negociación que se encuentran en situación de inactividad.
En este sentido, el Protector del Inversor sugiere “que se tomen las medidas necesarias para que, en relación con las emisiones excluidas de negociación en Bolsa o cuyas entidades emisoras estén en situación de inactividad, máxime si las compañías emisoras han sido liquidadas, se activen los mecanismos necesarios por las entidades participantes en el sistema para que se proceda a la mayor brevedad posible a su exclusión y los inversores no tengan que soportar los gastos de mantenimiento”.
En términos generales, la oficina gestionó 13.000 solicitudes de información y tramitó 12 expedientes en 2017, uno más que en 2016.
El 86% de las consultas fueron realizadas por inversores particulares. Se trata, en su mayoría, de consultas que no implicaban conflicto entre las partes y se resolvieron sin necesidad de solicitar alegaciones. Un 34% de los expedientes tramitados finalizó con acuerdo. Los procedimientos que resultaron no competentes (42% del total) pasaron de 2 a 5 por no ir precedidos de consulta previa. Sólo se tramitó una consulta contenciosa en la que se incorporaba algún elemento conflictivo.
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