Consejo General Poder Judicial
Según informa en una nota, el Pleno ha estimado las alegaciones, convertidas en enmienda a la totalidad, formuladas por el vocal Enrique Lucas. Este último expone las dudas que, en su opinión, hay sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º.
El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea: el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, “tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”.
El texto aprobado añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.
La propuesta hoy rechazada consideraba que el anteproyecto de ley constituye un instrumento normativo adecuado para consagrar y dotar de contenido el derecho a la vivienda. No obstante, avisaba de la “inconcreción e imprecisión que afecta a algunos enunciados y contenidos del anteproyecto, lo que dificulta la definición precisa del derecho que se pretende garantizar”.
Como ejemplo de ello, apuntaba a la “ausencia de un mínimo grado de concreción en la definición de conceptos como infravivienda, vivienda digna y adecuada y condiciones asequibles conforme al esfuerzo financiero”. También en lo referente al “establecimiento de los deberes del ciudadano en relación con las actuaciones de conservación, reparación o mejora de la vivienda”.
También echa de menos que el anteproyecto especifique los medios que se emplearán para hacer efectiva la tutela del derecho a la vivienda, explicaba el CGPJ en un comunicado antes de la votación de este viernes. En su opinión, “pese a su carácter básico”, el anteproyecto requiere un “mayor grado de claridad”. En este punto, pone el acento en la identificación del titular del derecho y del sujeto obligado y respecto del modo en que puede exigirse el cumplimiento de dicho derecho.
“Esa falta de concreción se aprecia especialmente en los preceptos que determinan las reglas de intervención de precios del mercado de alquiler de viviendas”, afirmaba. “El borrador de informe echa en falta una justificación suficiente de la necesidad de las medidas de contención de precios de alquiler de viviendas, basada en un análisis empírico del resultado de dichas medidas”, destacaba el Poder Judicial.
Ante esto, sugería la “conveniencia de establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas, de forma que se pueda evaluar su resultado e incidencia tanto en el mercado de alquiler residencial como desde el punto de vista social y económico”. “El hecho de que estas medidas de contención de los precios estén dirigidas a los alquileres en las zonas de mercado residencial tensionado –declaración cuya vigencia es de tres años, prorrogables-, no conlleva por sí mismo un análisis empírico del resultado de su aplicación”, recordada la propuesta de informe”.
El Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda el próximo martes, 18 de enero, tras lo que lo enviaría al Congreso para su tramitación parlamentaria.
La decisión del Poder Judicial de posponer su informe ha sorprendido a Unidas Podemos, que no esconde su preocupación “por los retrasos injustificables a una ley que tiene que dar respuesta a la emergencia habitacional que vive nuestro país”.
Así lo han manifestado fuentes de la formación, que han recordado que esta ley permite por primera vez la regulación de los alquileres en las zonas con mercados encarecidos, así como poner “freno” a los desahucios sin vivienda alternativa para familias vulnerables o prohibir la venta de vivienda protegida.
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