En un voto a mano alzada en el pleno reunido en Estrasburgo (Francia), la Eurocámara ha aceptado el suplicatorio remitido en mayo de 2025 por el Supremo en el que pide investigar y enjuiciar a ‘Alvise’ como presunto autor de un delito de acoso o de ‘stalking’, delito de provocación a delito de atentado contra la autoridad o funcionario público y/u odio a través de redes sociales, recoge Europa Press.
Esta decisión del pleno se produce una semana después de que la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo propusiera retirar la inmunidad al eurodiputado argumentando que los delitos por los que el Supremo quiere investigarle “no constituyen una opinión expresada o un voto emitido” en el ejercicio de sus funciones.
Según la argumentación, considerando que el objetivo de la inmunidad parlamentaria “consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados” frente a los procedimientos judiciales relacionados con sus actividades desempeñadas como eurodiputados, esta investigación por presuntos delitos de odio no vulnera sus “privilegios y las inmunidades”.
Tras confirmarse el voto favorable a levantar la inmunidad al líder de Se Acabó la Fiesta, la causa que el Tribunal Supremo mantiene contra ‘Alvise’ por presuntos delitos de odio y discriminación contra Susana Gisbert podrá continuar con su declaración ante el alto tribunal.
Varias causas abiertas
Además de la causa por el presunto acoso en redes sociales a Susana Gisbert, el Supremo tiene otras cuatro causas abiertas contra ‘Alvise’, entre ellas una por presuntos delitos electoral y de financiación ilegal de su partido por la que también se ha remitido un suplicatorio a la Eurocámara.
En esta causa, el alto tribunal investiga los 100.000 euros que recibió ‘Alvise’ del empresario Álvaro Romillo, alias ‘CryptoSpain’, de cara a las elecciones europeas de 2024. De recibir la luz verde de la Eurocámara, el Supremo también podría investigar al eurodiputado por este asunto, según la citada agencia.
‘Alvise’ cuenta con otra causa abierta por la difusión de una PCR falsa del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y una más reciente también por el supuesto acoso a dos eurodiputados que concurrieron con SALF a dichas elecciones y posteriormente rompieron con el partido.
La quinta y última causa que el Supremo mantiene contra el líder de SALF fue abierta el pasado 19 de marzo a raíz de una querella presentada en su contra por el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de amenazas.
