El movimiento vecinal pone ‘deberes’ a los candidatos para garantizar el derecho a la vivienda

Madrid

El movimiento vecinal pone ‘deberes’ a los candidatos para garantizar el derecho a la vivienda

La FRAVM reclama llegar a las 40.000 viviendas públicas de alquiler en 2023 y 200 millones anuales para rehabilitación, entre otras medidas.

Manifestación por la vivienda.

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid se reúne desde esta semana con los ‘cabeza de lista’ a las elecciones autonómicas y municipales de los distintos partidos políticos. Su objetivo: tratar de que incorporen algunas de sus propuestas en materia de vivienda, urbanismo y ordenación del territorio, así como en medio ambiente, movilidad y transporte, políticas sociales, empleo, sanidad y educación, además de arrancar el compromiso a los candidatos de que ejecutarán dichas medidas en el caso de que consigan formar gobierno.

El apartado de vivienda es uno de los más extensos del documento que la FRAVM (después de consultar a sus 281 asociaciones, a sus diferentes comisiones de trabajo y organizar una asamblea monográfica) presenta a los candidatos a presidir la Comunidad de Madrid o la Alcaldía de la capital. En él mismo se realiza un análisis del momento alcista del mercado residencial en la región, con aumento de compraventas y un encarecimiento de la vivienda tanto en compra como en alquiler, una evolución de los precios que contrasta “vivamente” con la de los ingresos de las familias, lo que supone una barrera para garantizar el acceso a la vivienda.

La federación vecinal subraya que este problema de acceso a la vivienda castiga con rigor a los colectivos más vulnerables y a los procesos de emancipación de los/as jóvenes”, dado que entre 2015 y 2017 el salario medio no varió, con lo que las familias tienen que hacer un mayor esfuerzo para pagar hipotecas y alquileres, con un dato muy preocupante: la cuota hipotecaria media es inferior a la renta media de alquiler.

Desahucios del alquiler

La FRAVM hace un punto y aparte con el alquiler recordando que aunque las ejecuciones hipotecarias han bajado, los lanzamientos por impago de las rentas de alquiler están subiendo. A lo que añade “el número creciente de contratos que los arrendadores no renuevan, sea porque quieren cambiar el uso de la vivienda (por ejemplo, para convertirlas en Viviendas de Uso Turístico), sea porque pretenden imponer acusadas elevaciones de las rentas”.

Las entidades vecinales recuerdan que aunque la proliferación de las viviendas de uso turístico es, sin duda, una de las causas del aumento desmedido de las rentas de alquiler -ya que retiran viviendas del mercado residencial, provocan la no renovación de contratos de arrendamiento y recalientan los precios- no es la única causa ni la más importante. Y añaden otro factores que están originando la burbuja del alquiler: la corta duración de los contratos, la revisión libre de las rentas a partir del tercer año, la insuficiencia crónica de la oferta que ponen en el mercado los particulares y un escaso parque público en alquiler, lastrado por las ventas a los fondos buitre e inversores privados.

Ley de Vivienda

Tras el diagnóstico, las asociaciones vecinales proponen su primera medida para mejorar la situación actual: la aprobación de una ley que regule el derecho a la vivienda y su exigibilidad en la Comunidad de Madrid, incluso ante los tribunales, en los supuestos en que las personas se vean privadas por causas ajenas a su voluntad: desahucio sin alternativa habitacional, ruina, carencia de medios económicos, precios y arrendamientos excesivos. Una ley que reclaman en línea con la que presentaron la Coordinadora de Vivienda de Madrid, la PAH, la Asociación Libre de Abogados/as (ALA) y la FRAVM a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante la Asamblea de Madrid y que fue desestimada por el voto de PP y Ciudadanos.

Tampoco olvidan los vecinos “el agujero negro creado por la venta de viviendas de la EMVS a Blackstone y del IVIMA a Goldman Sachs”, y a pesar de que las operaciones están judicializadas demandan que tanto el Ayuntamiento de Madrid como el Gobierno regional den más pasos. Por ejemplo, reivindican que sean más activos en los litigios, a fin de perseguir la reversión de la venta. Y que apoyen a los afectados en los procedimientos judiciales, prestándoles asistencia jurídica o incluso creando una oficina o ventanilla de atención.Finalmente, piden que se paralicen los desahucios sin alternativa habitacional y las no renovaciones de contrato practicados estos ‘fondos buitre’.

Además, reclaman otras medidas a los candidatos para el caso de que accedan al Gobierno de la Comunidad de Madrid. La primera de ellas, dotar una partida en los presupuestos regionales para promover la rehabilitación de los edificios residenciales, por un importe anual de 200 millones de euros. Además, de saldar la deuda de 60 millones de euros que la Comunidad de Madrid tiene con miles de familias que rehabilitaron sus viviendas y/o instalaron ascensores en los edificios acogiéndose a los programas públicos de fomento de la rehabilitación.

Asimismo piden la ampliación del parque de vivienda en alquiler gestionado por la Agencia de la Vivienda Social y las distintas agencias municipales hasta alcanzar las 40.000 viviendas en 2023. Así, como desarrollar un plan para promover la puesta en uso de la vivienda vacía, combinando la adopción de medidas incentivadoras y penalizadoras. Y que toda la vivienda que se promueva en terrenos de titularidad pública sea protegida para alquiler.

Elaborar una nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, lo más consensuada posible y restringir la vivienda de uso turístico en los edificios residenciales a la planta baja, sin accesibilidad al resto del edificio, son otras de las peticiones de calado que hacen al futuro Ejecutivo autonómico.

Exigencias al Ayuntamiento de Madrid

En el ámbito del municipio de Madrid, proponen algo ya conocido; la paralización de los Desarrollos del Sureste y la suspensión de la Operación Chamartín en los términos en los que hoy está planteada.

Y al futuro alcalde le hacen peticiones similares peticiones en materia de vivienda en materia de rehabilitación y creación de viviendas públicas, aunque las cifras cambian. “duplicar, al menos, la dotación anual del plan de ayudas a la rehabilitación y crear un parque de vivienda gestionado por la EMVS para destinarlo a alquiler social, integrado por el parque actual, más nueva construcción, compras, convenios de cesión con particulares y otros (SAREB, entidades financieras…). Con el objetivo de llegar al menos, a 20.000 viviendas en 2023.

Finalmente, también demandan al futuro equipo de gobierno municipal que utilice sus competencias para promover la puesta en uso de la vivienda vacía, combinando la adopción de medidas incentivadoras y penalizadoras. Y que cierre pactos con la Administración central y la regional construir vivienda social en alquiler en suelos públicos con la meta de alcanzar, al menos, 10.000 nuevas viviendas en el cuatrienio.

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