Maza de juez
El juzgado de cláusulas suelo de Madrid está “colapsado”. Así lo advierte el sindicato CSIF, mayoritario en el sector Justicia, que señala que este juzgado se encuentra tramitando las demandas registradas hasta finales del pasado agosto. Esto provoca que el resto de demandas recibidas hasta hoy, que están pendientes de registrar y de repartir superen las 13.000.
Según CSIF, “no sólo se ha colapsado este juzgado, sino que se está creando un tapón de demandas sin registrar en la Oficina de Registro y Reparto dependiente del Juzgado Decano de Madrid, que no sólo afecta a los ciudadanos damnificados por las clausulas suelo, sino que puede repercutir en el resto de demandas civiles sobre otras materias”.
De ahí que, además de exigir más “medios” para los juzgados especiales de cláusulas suelo, cuya situación se aborda hoy en la Comisión Permanente del CGPJ, el sindicato defienda que en el caso de Madrid es “absolutamente necesario el refuerzo de la oficina de registro y reparto civil y compensar el mayor esfuerzo que se les está exigiendo”.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios recuerda en un comunicado que cuando se anunció la puesta en marcha de los 54 juzgados especializados en litigios sobre cláusulas suelo, “estos están colapsados por la falta de medios”. “Algo que se ha puesto de manifiesto desde la apertura, el pasado 1 de junio, del juzgado de Primera Instancia 101 Bis de Madrid, dado que las medidas correctoras y de dotación de medios personales no llegan o cuando lo hacen son totalmente insuficientes”, denuncia este sindicato.
Asimismo, CSIF destaca que “según las instrucciones del CGPJ de 28 de febrero de 2017 sobre las medidas a tomar por las administraciones con competencias para atender las demandas relacionadas con cláusulas suelo”, si el número de escritos de inicio supera los 1.000 “se creará otro juzgado especial”. Algo que no ha pasado en Madrid.
El pasado mes de septiembre, destaca el sindicato, el CGPJ informó de que entre el 1 de junio y el pasado 8 de septiembre, se habían tramitado 13.064, demandas, lo que supone una “carga de trabajo inasumible por la plantilla de funcionarios con la que estaba el juzgado madrileño en esas fechas, con 10 empleados públicos”.
La situación mejoró a mediados de octubre con el nombramiento de otros 10 funcionarios más, “una mejora que, además de llegar tarde, es totalmente insuficiente”.
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