El juicio de la Gürtel confirma el troceo de facturas y contratos en la Comunidad de Madrid de Aguirre

Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid
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El fraccionamiento de contratos para así poder adjudicarlos ‘a dedo’ sin control es uno de los ‘modus operandi’ más utilizados en las tramas de corrupción política. Y en la Gürtel no podía faltar. Tampoco en la Comunidad de Madrid que dirigía Esperanza Aguirre. O al menos así lo han ido confirmando varios protagonistas que han ido pasando ante los juzgados para declarar por la famosa trama.

Después de que Pablo Crespo, uno de los presuntos cabecillas de la red Gürtel, asegurase que era el Gobierno de Aguirre el que “nos ordenaba dividir en distintas facturas” de los actos de campaña de la antigua líder del PP de Madrid, este lunes el inspector jefe de la UDEF que dirigió la investigación de la trama, Manuel Morocho, ha confirmado que este procedimiento existía en la Comunidad de Madrid.

Una práctica que también comentó, recientemente, Isabel Jordán, tesorera de varias empresas de Francisco Correa, cuando desveló que la Comunidad de Madrid decretó trocear en más de 10 recibos el acto en memoria de las víctimas del 11-M para eludir los requisitos legales de adjudicación de concurso. Por su parte, ya en 2009, en plena guerra Montoro-Aguirre, Hacienda entregó al juez Ruz una serie de informes donde se acusaba a la Comunidad de Madrid de fraccionar entre los años 2004 y 2008 un total de 104 contratos con la red Gürtel por un total de 3.160.549,23 euros.

Varios años después, este lunes 10 de julio de 2017, el inspector jefe que llevaba los operativos contra la trama corrupta ha afirmado que la Comunidad de Madrid financió los “servicios particulares” del exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo como si fueran gastos derivados de los actos de la administración regional organizados por las empresas de Francisco Correa. Un movimiento que la Gürtel realizó apoyándose en el fraccionamiento.

Así lo ha asegurado Morocho en la vista oral en la que lleva compareciendo como testigo-perito junto a otros inspectores de la unidad de investigación desde el pasado 29 de junio. El agenta ha relatado cómo Isabel Jordán preguntó si un evento de López Viejo realizado en el restaurante La Hacienda Argentina, regentado por su mujer, Teresa Gabarra, lo “divide entre tres” y se lo factura a la administración regional, que por entonces presidía Aguirre, como ya ha hecho “otra vez” anterior, según ha recogido Europa Press.

De hecho, el inspector de la UDEF ha sentenciado que de las hojas de costes analizadas se “acredita” la existencia del “fraccionamiento del coste de la factura de los proveedores. “Se trocean en dos o tres partes que se imputan como ‘varios’ a otros tantos eventos realizados para la Comunidad de Madrid que al final financia esos extras, por así decirlo, derivados de estos costes ajenos a la prestación de eventos y sí vinculados para los servicios particulares de Alberto López Viejo”, ha explicado en el juzgado.