El juez del ‘Popular’ pone el foco en la ampliación de capital de 2016 e imputa a dos directivos más

En un auto de 9 de junio, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, indica que dado que Sancha tuvo ese cargo durante la ampliación de más de 2.500 millones de euros «participó» en consecuencia en la ponderación de las estimaciones de capital que precisaba Banco Popular.

Indica el magistrado que Sancha formaba parte del comité de dirección y era vocal del comité de riesgos por lo que «es verosímil que conociera e incluso alentara la concesión de financiación a cierto perfil de clientela para que participaran en la ampliación de capital».

Con estas nuevas citaciones, programadas ambas para el 29 de junio, la Audiencia Nacional quiere seguir profundizando en ese hito de la causa. Una de las líneas de investigación gira en torno a si el Popular otorgó financiación a clientes de la entidad para que acudieran a esa ampliación de capital de mayo de 2016, que fue por más de 2.505 millones, y si «de forma deliberada no la restó del capital regulatorio».

ADVIRTIÓ A LA OFICINA DEL CONSEJERO DELEGADO

Sobre Rubio Fernández, el magistrado indica que con fecha de 2 de octubre de 2017 los vicesecretarios del Consejo de Administración del Popular remitieron un informe a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el que advertían de que el director de Cumplimiento Normativo había manifestado que tuvo constancia de que se estaba financiando la adquisición de acciones.

Ese informe apuntaba además que Rubio Fernández lo puso de manifiesto a la Oficina del Consejero Delegado, «sin que se adoptara ninguna decisión para evitar dicha financiación o para, en su caso, transmitir las instrucciones precisas a Intervención General para que el importe que correspondiera fuera deducido del capital regulatorio de la entidad de acuerdo con la normativa vigente».

Por eso, el juez cree que su declaración como investigado deviene necesaria para que explique su intervención en esa ampliación como ‘compliance officer’, habida cuenta del «comportamiento presuntamente anómalo» del Popular. El juez rebaja no obstante el peso de su citación como investigado, ya que apunta que tras escucharle ponderará su estatus procesal, y puede que lo transforme en testigo.

En esta causa, el magistrado investiga dos fases del proceso de resolución de la entidad, una que abarca las presuntas irregularidades contables del Popular en 2016, con la ampliación de capital, y otra que atañe a las filtraciones a prensa de un año después y que habrían provocado su resolución a mediados de 2017.

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