Audiencia Nacional
Moreno ha acordado esta diligencia a instancias del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la supuesta contratación irregular de mascarillas y material sanitario en el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Dos, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda también citar como testigos a responsables de las empresas Ineco y Adif para el día 24 de junio.
En su auto, el magistrado señala que, a la vista de la documentación aportada por el Tribunal Supremo, resulta que Pardo de Vera “habría tenido una decisiva participación en la contratación aparentemente irregular de Dª Jessica Rodríguez por la empresa Ineco”, a instancia de los investigados en la causa Koldo García y José Luis Ábalos.
El instructor menciona los dos contratos de trabajo de Jessica Rodríguez con Ineco y Tragsatec y explica que se trató de una actividad profesional de naturaleza administrativa en la que la trabajadora quedó adscrita a la presidencia de Adif, cargo que ostentaba entonces Pardo de Vera.
Moreno destaca que Jessica Rodríguez, en su declaración como testigo en el Supremo, afirmó que ni en una ni en otra empresa prestó actividad profesional o laboral de ninguna naturaleza, “que ni siquiera asistía su puesto de trabajo, aunque percibía puntalmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos periodos, dos años y medio”.
Por todo ello, según el juez, “se desprende la existencia de indicios bastantes para considerar que Dª Isabel Pardo de Vera ha tenido una relevante participación en la contratación, aparentemente irregular por las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de Dª Jessica Rodríguez García a instancia del señor Ábalos Meco y del señor García Izaguirre, sin que la trabajadora durante el periodo en que estuvo contratada desplegara actividad laboral alguna, percibiendo los salarios correspondientes durante dos años y medio aproximadamente”.
Los hechos que constan en las actuaciones, según el juez, podrían ser constitutivos de delitos de malversación de caudales públicos habida cuenta del posible perjuicio para el patrimonio público y delito de tráfico de influencias.
El auto explica que para determinar la posible trascendencia penal del proceso de contratación de Jessica Rodríguez resulta procedente también la declaración testifical de responsables de Ineco y de Adif que, de acuerdo con la documentación aportada, se desprende que tuvieron un papel relevante en su contratación.
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