La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su salida de los juzgados de Plaza Castilla después de testificar ante el juez del ‘caso Begoña’, en los juzgados de Plaza de Castilla, a 20 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El instructor llamó a declara - Alberto Ortega - Europa Press
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, apunta a su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
En otra resolución, ordena a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtener el registro de llamadas telefónicas recibidas y realizadas por Álvarez, «desde su nombramiento hasta el día de hoy», con números vinculados al empresario imputado Juan Carlos Barrabés y su grupo, a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y a otras entidades.
En concreto, Peinado reclama el tráfico de llamadas telefónicas con el Instituto de Empresa, el IE-Africa Center, la Organización Mundial del Turismo (OMT), Indra, Google, Telefónica, Reale Seguros, Fundación Caixa, Fundación Manpower y Arsys Internet; así como «con cualquier otra entidad o mercantil que patrocinara los másters o cátedras en las que participó la señora Gómez».
Asimismo, el instructor cita para declarar como testigos el próximo 26 de febrero desde las 10.00 horas a las trabajadoras de la UCM María Elvira Gutiérrez-Vierna y Blanca de Juan y a los CEO de Google Spain, Indra y Telefónica.
Peinado da este paso después de que Álvarez declarara como testigo el pasado 20 de diciembre. Ese día confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, explicando que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
Según el sumario de la causa, al que ha tenido acceso Europa Press, en uno de los correos electrónicos en los que se menciona a Álvarez, María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero –miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM– se dirigen a ella para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web de un máster de la Complutense.
«Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de ‘contrato de cesión de derechos’ a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación», apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.
Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el ‘email’, además, consta un mensaje previo –de 7 de septiembre– en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.
Aunque en este caso Álvarez aparece en copia con un ‘email’ de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno, donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.
En otro correo recogido en el sumario, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.
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