Pilar Barreiro, senadora del PP por Murcia y exalcaldesa de Cartegena
El Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Púnica’ ha atribuido hasta cinco delitos a la exalcaldesa de Cartagena y senadora por el PP Pilar Barreiro por la entrega de fondos públicos para la mejora de su imagen. En concreto, según una exposición razonada elevada al Supremo, el juez achaca a la popular los presuntos delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho.
Según EFE, para el instructor de las diligencias, la autorización de Barreiro de cuatro facturas mensuales por importe cada una de ellas de 800 euros, pagadas a la empresa de Alejandro de Pedro, “acredita que permitió y consumó el desvío de fondos públicos planificado a favor de De Pedro y de José Antonio Alonso”.
“Las evidencias obtenidas en la causa”, continúa la exposición, “revelan indiciariamente que Pilar Barreiro, ante las noticias negativas que sobre ella publicaban las redes sociales relativas a su participación en ilícitos de corrupción urbanística, se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso, que había sido también alcalde de Cartagena, para entrar en contacto con Alejandro de Pedro”. Unos contactos para que la empresa de aquel “le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las reses sociales”.
Un “primer paquete” de trabajos consistía, destaca la mencionada agencia de noticias, en la gestión de las redes sociales y en la puesta en marcha de un diario digital en la ciudad portuaria. “Este ardid diseñado permitía el pago subrepticio por el ayuntamiento de Cartagena de lo que debía ser un gasto personal de la alcaldesa, se afirma en la exposición razonada.
El Juzgado añade que “Barreiro se concertó indiciariamente con el consejero de Educación de la Comunidad Autónoma en la fecha de los hechos, Pedro Antonio Sánchez, conviniendo con el mismo intermediar con Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso a su favor para conseguir que dicho tándem aceptase trabajar la reputación del consejero”. Para la resolución judicial, “esa imagen estaba estigmatizada por las noticias negativas que sobre él publicaba internet”.
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