El instructor ha redactado una exposición razonada, recogida por Europa Press, en la que explica que envía la causa relativa a ‘Alvise’ al Supremo porque es el tribunal competente para investigarle dada su condición de aforado por ser eurodiputado.
En su auto, el juez asegura que existen «indicios sólidos» de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo y, por tanto, debe ser el Tribunal Supremo el competente para continuar la instrucción debido al aforamiento que tiene.
El magistrado incluye en su escrito los indicios contra el empresario que pagó los 100.000 euros, Alvaro Romillo, para que también le investigue el Alto Tribunal de forma conjunta con Alvise, al apreciar una «íntima conexión» en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, «la cara y cruz de una misma moneda».
En el caso de Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una «actividad activa de donación o de aportaciones ilegales», que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.
Calama ha adoptado esta decisión después de que el pasado octubre admitiera a trámite la denuncia. Cuando abrió pieza separada, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 indicó que «los hechos expuestos podrían constituir un delito de financiación ilegal de partidos políticos».
En aquel momento, el instructor ofreció al eurodiputado que declarase de forma voluntaria el pasado noviembre, pero finalmente el dirigente no acudió.
