El juez cita como imputados a Medina y su socio y ultima el embargo de sus bienes

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El juez Adolfo Carretero, al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha citado a declarar a Luis Medina y a Alberto Luceño en calidad de investigados el 25 de abril por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad documental por el supuesto cobro de mordidas en los contratos de emergencias para traer material sanitario a la capital en plena pandemia. Ambos empresarios comparecerán el mencionado día 25 a las 12,30 horas.

Así lo recoge Europa Press, que señala que el magistrado acordará previsiblemente en los próximos días el embargo preventivo de los bienes de los comisionistas a instancias de la propia Fiscalía Anticorrupción. Un embargo preventivo no implica que el afectado pierda los bienes de manera inmediata, ya que su objetivo es garantizar que una futura sentencia condenatoria se cumpla, es decir, sirve como una medida cautelar.

Entre los bienes de Medina figura un yate modelo Eagle 44, llamado ‘Feria’ y por el que pagó 325.515 euros del millón de euros que cobró por una de las operaciones. Su socio destinó el dinero de las mordidas a la compra de vehículos de alta gama, relojes Rolex, y una vivienda de lujo en Pozuelo con tres plazas de garaje.

La querella presentada recientemente por el Ministerio Público atribuye a los supuestos comisionistas la comisión de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.

Según la querella, Alberto Luceño y Luis Medina “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.

Luis Medina fue la persona que contactó con el consistorio, aprovechando su condición de personaje público y “su amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, un extremo niega la Alcaldía.

La querella señala que las operaciones costaron al Ayuntamiento de Madrid unos 10,8 millones de euros, obteniendo “un millón de mascarillas que, a pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado; concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas”. También recibió dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo, de calidad “muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido, y por los que este pagó aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas”.