Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad
En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 cita para el 28 de octubre a las 10.15 horas como investigado a Martínez. Ese mismo día, el instructor ha llamado a sede judicial como imputado al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño.
Según recuerda la citada agencia, éste último sufrió un ictus en mayo de 2022 que llevó a que el entonces instructor del ‘caso Villarejo’, Manuel García Castellón, archivase la causa para él por su estado de salud.
Ya el 29 de octubre, el juez Pedraz tomará declaración como investigados a partir de las 10.15 horas a Pino y al inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago. La ronda de declaraciones se completará el 6 de noviembre a partir de la misma hora, cuando el magistrado interrogará al comisario Andrés Gómez Gordo y al exjefe de Información de la Policía Germán Rodríguez Castiñeira.
En su resolución, el magistrado también da luz verde a “la práctica de las testificales solicitadas por Podemos para el esclarecimiento de los hechos”. Sin embargo, aclara que las mismas quedan pendientes de señalar según la disponibilidad del calendario del juzgado.
Podemos presentó una querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados –bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad—“se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política”.
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
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