La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. (Foto: Congreso)
El Consejo de Ministros ha dado luz verde así a que se concedan dos décimas más de margen fiscal a las comunidades autónomas en los años 2025 y 2026 con respecto a los objetivos vigentes. Esto se traduce, según ha apuntado Hacienda, más de 3.000 millones de margen cada año. Para las entidades locales, esta senda les concede una décima más en 2025 y dos décimas más en 2026. Es decir, 1.600 millones en el primer año y 3.350 millones más de margen el segundo año.
Esto permitirá, insisten desde el departamento de María Jesús Montero, que las comunidades dispongan 6.600 millones extra y que los ayuntamientos cuenten con 4.950 millones adicionales. Cifras que suman esos 11.550 millones de euros que permitirán dar una mejor respuesta a las demandas sociales de los ciudadanos en los servicios que tienen derecho a disfrutar.
“Queremos que comunidades y ayuntamientos tengan unos objetivos de déficit menos exigentes que la senda vigente para que puedan destinar más recursos a la sanidad, la educación o la dependencia”, ha reiterado la vicepresidenta y ministra de Hacienda.
En el acuerdo aprobado hoy se establecen “grandes diferencias entre los objetivos de la senda en vigor y la que ahora se plantea” y “será la Administración Central la que deberá hacer el mayor esfuerzo para lograr los objetivos de déficit planteado en la misma”.
Para 2025, el conjunto de las Administraciones tendrá un objetivo de déficit del 2,5%. En 2026, se situará en el 2,1%. En 2027, deberá bajar al 1,8%.
La Administración Central asumirá ese mayor esfuerzo fiscal. Para 2025, su objetivo será del 2,2%, seis décimas menos que en la senda actual. En 2026, se reducirá al 1,8%. Y en 2027, el déficit tendrá que llegar al 1,5%.
En el caso de las comunidades autónomas, el objetivo será del -0,1% del PIB en el trienio de la senda. “Se recalca así esa apuesta por darles las mayores facilidades, al contar con un margen más amplio para que elaboren sus cuentas y poder ofrecer servicios públicos de calidad”, afirman desde Hacienda.
La Administración Local también contará con mayor margen fiscal. De esta manera, la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) aprobó que sus objetivos contemplen equilibrio presupuestario durante los tres próximos años. La senda anterior exigía superávit a los ayuntamientos.
Por último, la Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios. Atrás dejará el 0,1% que debía alcanzar en 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al techo de gasto para 2025, que es el que ya aprobó el Gobierno e informó del mismo al Congreso. El límite de gasto no financiero ‘nacional’, sin incluir los fondos europeos, se elevará hasta los 195.353 millones de euros, un 3,2% más que en 2024.
Una cifra coherente con la responsabilidad fiscal, pero que a la vez facilita seguir “reforzando los servicios públicos”, como ha destacado Montero.
El límite de gasto no financiero total, que sí incluye los fondos europeos, se sitúa en 199.171 millones de euros. Una cifra que responde al descenso de las transferencias directas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
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