Así lo ha asegurado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la agencia Bloomberg en Bruselas, en el marco del Consejo de Energía de la UE. Este nuevo sistema permitiría a las empresas “invertir parte de sus beneficios o contribuir” al Estado a través de los impuestos.
Los grupos energéticos han reclamado más claridad sobre los planes del Ejecutivo, desde que a finales del año pasado adelantara la necesidad de algunos ajustes por la contención de los precios de la energía y por las enormes inversiones que requiere la transición energética, que deben acometer las empresas.
La extensión de este gravamen puso en pie de guerra al sector. Repsol incluso amenazó con llevarse sus inversiones fuera de España a otros destinos, como Portugal o Francia.
El impuesto temporal se creó para 2023 y 2024, como parte de los planes de alivio de la inflación, y establece un gravamen del 1,2% sobre los ingresos de las grandes empresas energéticas. Posteriormente, lo prorrogó. Sin embargo, en diciembre Ribera dijo que el Ejecutivo estaba replanteándose este gravamen, en medio de presiones de fuga inversora.
“Lo que estamos intentando es pasar de esta contribución extraordinaria procedente de los beneficios extraordinarios a algo que pueda convertirse en un incentivo para nuevas inversiones en el campo de la energía”, asegura ahora Ribera, que ha cifrado en unos 30.000 millones de euros la necesidad de inversiones anuales en energía en España.
Los precios de la energía se han desplomado en las últimas semanas, impulsados en gran medida por la fuerte producción de renovables. Además, los futuros de la electricidad están apuntando a precios de entre 50 y 60 euros el megavatio hora (MWh) para este año y el próximo, guarismos previos a la crisis energética.
