Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias en la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno confirmó el pasado mes de abril de 2020 que estaba elaborando “un informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia católica, sobre la base de los listados solicitados a los Registradores de la Propiedad a través del Colegio de Registradores”, incluyendo monumentos como la Mezquita-Catedral de Córdoba o la Giralda de Sevilla.
Así lo explicó el Gobierno en su respuesta a una pregunta planteada por el senador de Compromís, Carles Mulet, que se hacía eco de la demanda de la Coordinadora Recuperando, integrada por una veintena de colectivos ciudadanos, entre ellos la Plataforma ‘Mezquita-Catedral de Córdoba. Patrimonio de Tod@s’, para saber “¿por qué (el Gobierno) no hace público el listado?” de dichos bienes.
El Ejecutivo explicaba en su respuesta que estaba elaborando el listado y que este haría “referencia a los bienes que cada Registrador ha detectado como inmatriculados en su Registro a nombre de la Iglesia Católica, la diócesis o las parroquias correspondientes, así como a nombre de aquellas entidades u órdenes religiosas de las que se haya tenido conocimiento en el respectivo Registro de la Propiedad”.
Si bien, la elaboración de dicho informe, que ha sido redactado por el departamento que dirige Carmen Calvo, quedó “paralizada” debido a la pandemia del covid-19, según informó el Ejecutivo el pasado mes de junio en una respuesta a una pregunta también del senador Mulet, a la que tuvo acceso Europa Press.
Pedro Sánchez, anunció durante el debate de investidura, el 4 de enero de 2020, que realizaría las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia. “En un estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad e igualdad”, dijo durante su intervención en el Congreso.
Según precisó el pasado mes de noviembre el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, los edificios que podría haber inmatriculado la Iglesia católica son “34.000”.
En todo caso, mostró su esperanza en que la publicación del listado de bienes inmatriculados no sea una “campaña” con la que se quiera presentar a la Iglesia como “una gran inmobiliaria en España o una gran detentadora de fincas”.
“Podría ocurrir que alguna de las 23.000 parroquias de España hubiera podido inmatricular un templo y lo que estaba alrededor, que hoy sea la plaza del pueblo, y haya conflicto”, ha apuntado. En todo caso, desde la CEE animaron a las diócesis a publicar sus listados de bienes y a que los conflictos sean abordados desde cada diócesis o desde la entidad que haya inmatriculado.
“Creemos que esta carpeta está bien cerrada. Con todo, si ahora al hacerse público el listado, algún ayuntamiento, administración pública o algún particular, pudiera presentar algún título de mejor derecho, ¿cómo no lo vamos a reconocer?”, añadió entonces.
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