Así lo afirma el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tras la publicación por parte del Consejo de Europa de un informe en el que evalúa el progreso de las medidas anticorrupción en España y las fuerzas de seguridad. Según recuerda el departamento de Félix Bolaños, “el primer informe de la actual ronda de evaluación, iniciada en 2017, certificaba la mala situación en la que se encontraba España en la lucha contra la corrupción tras dos legislaturas de inacción”.
Tal y como señala en una nota, “evidenciaba que no existía una política anticorrupción sistemática, racionalmente planificada ni razonablemente evaluada”. Sin embargo, desde ese primer informe, las evaluaciones realizadas por el GRECO “han mejorado constantemente”.
En la conocida hoy, asegura el Ejecutivo, “se reconoce los esfuerzos realizados durante el último año gracias a iniciativas como el Plan de Acción por la Democracia, el proyecto de ley que regula la actividad de los lobbies, o el anteproyecto de ley de administración abierta, que refuerza el cumplimiento en materia de transparencia e integridad institucional”.
Además, y en respuesta a su última evaluación, el Gobierno apunta que ha trasladado al Consejo de Europa la reciente presentación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, “dotado de ambiciosas medidas en este ámbito que se derivan de las recomendaciones formuladas por este organismo, la OCDE y la Comisión Europea”.
A esto hay que sumar que Moncloa “ha reiterado su firme compromiso con el GRECO, del que es miembro fundador, y el papel fundamental que desempeña en la lucha contra la corrupción”.
Avances en las recomendaciones referidas al Gobierno
El informe publicado hoy “se centra en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad respecto de los miembros de los gobiernos centrales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”.
“En lo referido al primer bloque”, explica el ministerio de Bolaños, “el GRECO considera parcialmente cumplidas 8 de 10 recomendaciones”. “En su evaluación”, detalla, “valora positivamente avances como la aprobación del Proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés, que impone normas como la creación de un registro, establece obligaciones a los lobbies y prevé sanciones en caso de infracción”.
“También celebra la futura limitación de las denominadas puertas giratorias para que los cargos públicos no puedan ejercer determinadas actividades privadas poco después de abandonar la política”, asegura.
Asimismo, el informe valora “positivamente” los avances recogidos en el borrador del Anteproyecto de Ley de Administración Abierta, que ampliará las obligaciones del Estado en materia de transparencia y “celebra” que el Plan de Acción por la Democracia prevea la aprobación de un Real Decreto que incluirá una estrategia global de integridad.
En cuanto a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Moncloa señala que el informe “constata avances y da por parcialmente cumplidas 8 de sus 9 recomendaciones”.
