El GRECO ha publicado un informe en el que evalúa el progreso de las medidas anticorrupción en España y las fuerzas de seguridad. En este sentido, concluye que el Ejecutivo español ha implementado “parcialmente” 16 recomendaciones y que “otras tres no”. En el documento, aprobado en su sesión plenaria de junio, el Consejo de Europa pone el acento en la “falta de medidas decididas y resultados concretos en relación con las recomendaciones relativas a las altas funciones ejecutivas del Gobierno”.
“Si bien se proponen mejoras en el contexto de iniciativas como el ya adoptado Plan de Acción para la Democracia, y en particular el proyecto de ley sobre transparencia administrativa, que aún no se ha aprobado, estas iniciativas aún no se han implementado”, afirma.
Asimismo, destaca que “la falta de capacitación sobre el Código de Conducta para personas en puestos ejecutivos superiores y los retrasos en la implementación de una estrategia de integridad” ponen de relieve “la necesidad de una acción más sistemática”.
Oficina de Conflicto de Intereses
En su opinión, deberían reforzarse las restricciones a las personas designadas políticamente tras dejar el cargo y los requisitos de declaración financiera. En particular, señala, en lo que respecta a la supervisión independiente y la publicación de información financiera desglosada. Según el GRECO, la Oficina de Conflictos de Intereses “aún no es verdaderamente independiente” y critica que no cuenta “con presupuesto propio”.
Además, señala que “no se han adoptado medidas para reformar el procedimiento especial del régimen de responsabilidad penal de los miembros del Gobierno” en relación al aforamiento.
Policía Nacional y Guardia Civil
En cuanto a la Policía Nacional y la Guardia Civil, el GRECO realiza una “evaluación dispar” sobre los avances en la aplicación de sus recomendaciones. “Se han logrado algunos avances, pero persisten deficiencias”, asegura.
De esta manera, expone que la Policía Nacional realiza evaluaciones de riesgos y tareas de supervisión, pero “aún no existe una estrategia específica contra la corrupción”.” Aún no se han implementado medidas prácticas para el Código de Conducta de 2013, y se necesita mayor transparencia en la contratación y los nombramientos discrecionales”, sostiene. No obstante, reconoce que se han adoptado iniciativas regulatorias en el ámbito de la formación policial, aunque “aún se requieren mejoras estructurales en materia de ética e integridad”.
Respecto a la Guardia Civil, este cuerpo ha logrado “mayores avances”. “En particular”, explica, “mediante la implementación del Sistema de Integridad de la Guardia Civil y el Plan de Acción de Ética Profesional”. “Estos mecanismos establecen evaluaciones de riesgos y formación estructurada, a la vez que las medidas de prevención de la corrupción se integran en estrategias más amplias”. No obstante, critica que aún no se han adoptado medidas importantes como el Protocolo de Buenas Prácticas.
El GRECO concluye que España no está cumpliendo “adecuadamente” las recomendaciones formuladas y solicita al Gobierno que presente un informe sobre los avances en su implementación antes del 30 de junio de 2026.
