El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras la firma del acuerdo sobre los Presupuestos.
El Gobierno y Podemos negocian a marchas forzadas un nuevo decreto ley de reforma del mercado del alquiler . El Ejecutivo pretende darle luz verde en el próximo Consejo de Ministros de este viernes 1 de marzo, tras fracasar el aprobado el pasado mes de diciembre por el que se plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda pasaba de tres a cinco años, y hasta siete años si el arrendador es persona jurídica.
Ese decreto tan solo estuvo vigente 35 días, hasta que la norma fue tumbada en el Congreso, ya que el Ejecutivo no logró el apoyo del partido liderado por Pablo Iglesias, que consideraba imprescindible que se limitara los precios máximos de alquiler en determinadas zonas, algo que está dispuesto a incluir Pedro Sánchez en la nueva normativa.
Fuentes del Ministerio de Fomento explican que negocian con otros grupos, además de con Podemos, para contar con un respaldo parlamentario suficiente que le evite una nueva derrota al Gobierno. No obstante, el portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado en los pasillos de la Cámara Baja que nadie del Ejecutivo se ha puesto en contacto con su partido hasta el momento. Tampoco ha habido negociaciones con el PNV y PDeCat. Sin el respaldo de estas formaciones, el decreto volvería a estar abocado al fracaso y el ministro José Luis Ábalos no se plantearía llevarlo al Consejo de Ministros.
Fuentes del PNV explican a este diario que han recibido la propuesta, pero aún no han hablado con el Gobierno al respecto. Y advierten de que si no les gusta el decreto en su totalidad no lo apoyarán.
El texto que se negocia incluiría la garantía de que los alquileres no pueden subir más del IPC en los cinco años de contrato. También detalla un mecanismo para elaborar un índice de precios, lo que abre la puerta a que las comunidades puedan posteriormente usarlo para limitar las subidas de los alquileres. En un borrador del texto que se negocia, se señala que las comunidades podrían usar esos índices “a los efectos de diseñar sus propias políticas”, según adelanta el diario El País.
Desde el Ministerio de Fomento y Podemos reconocen los contactos que dicen estar muy avanzados, aunque lo portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha pedido “prudencia” sobre el resultado de unos contactos.
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