El Departamento que dirige Nadia Calviño ha destacado en un comunicado que estas condiciones definitivas de licitación «son el resultado de un proceso consultivo casi único en Europa y sin antecedentes previos» en España.
La subasta comenzará antes del día 21 de julio y se licitarán siete concesiones en total. Cuatro de ellas corresponden a dos bloques de 2×10 MHz y dos bloques de 2×5 MHz, en la banda pareada 703-733 y 758-788 MHz para comunicaciones ascendentes y descendentes.
También se licitan tres concesiones en la banda 738-753 MHz, que asignarán cada una de ellas el uso de un bloque de 5 MHz para comunicaciones sólo descendentes.
Todas las concesiones son de ámbito estatal por la importancia estratégica de esta banda de frecuencias, la extensa cobertura territorial que proporciona, la necesidad de garantizar un uso eficiente del espectro, y la finalidad de evitar un despliegue irregular y fragmentado.
La subasta se llevará a cabo a través de Internet, utilizando una Plataforma Electrónica de Subastas (PES) segura.
Las empresas que estén interesadas en participar pueden presentar sus solicitudes hasta las 13.00 horas del próximo 2 de julio.
En diciembre de 2020, el borrador de condiciones para esta subasta fue sometido a consulta pública y a la revisión entre pares en el seno del grupo de Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG) de la Unión Europea.
Fruto de este proceso consultivo se han modificado algunas condiciones, como la revisión de los precios de salida, cuya cifra global disminuye un 15%, hasta 995,5 millones de euros frente a los 1.170 millones de euros de la consulta pública.
También se ha modificado la concesión de las frecuencias, que tendrá una duración mínima de 20 años, prorrogables por 20 años más.
En cuanto a las obligaciones de cobertura, se ha incluido en el listado los municipios, aeropuertos, puertos, estaciones de ferrocarril y autopistas concretos a los que los operadores deben extender la cobertura con cada concesión.
Asimismo, se incluyen las fechas exactas de los hitos temporales en los que se debe cumplir con dichas obligaciones de cobertura.
Junto con la licitación de la banda de frecuencias de 700 MHz y otras reformas, la Estrategia para el Impulso de la Tecnología 5G prevé una inversión pública de 2.000 millones de euros hasta 2025 para incentivar el despliegue de redes y servicios, de los que 1.500 millones están incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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