Energías renovables
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado este martes un Real Decreto-ley en el que, entre otras medidas, busca poner fin a los movimientos especulativos en la utilización de los permisos de acceso a la red eléctrica, ‘pinchando’ así la llamada burbuja de renovables, y crea un nuevo sistema de subastas para el desarrollo de proyectos ‘verdes’ cuya variable sobre la que se pujará será el precio de la energía.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, destacó que con estas medidas se “activan las palancas” para permitir desplegar la transición ‘verde’, que es una de las grandes apuestas de España y la Unión Europa.
“España está preparada para aprovechar una nueva revolución industrial”, dijo Ribera, subrayando que las renovables es una oportunidad a la que el país “no puede renunciar”, según Europa Press.
Esta nueva normativa, con la que se traza un plan para impulsar, “de forma ordenada y rápida” la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica en línea con el Pacto Verde Europeo. Toma así las medidas necesarias para asegurar que los derechos de acceso y conexión a la red eléctrica, dos autorizaciones que los promotores necesitan para poner en marcha sus plantas de renovables, estén asociados a proyectos reales y firmes, y evitar los movimientos de carácter especulativo que puedan darse ante la insuficiencia de la regulación vigente.
En la actualidad, existe un elevado número de solicitudes, que suman un total de más de 430.000 megavatios (MW) -aunque se consideran correctamente presentadas unos 295.000 MW-, según datos del Ejecutivo, multiplicando por más de siete el objetivo de en torno a 60.000 MW de potencia renovable en España fijado en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030, que se estima que representarán unas inversiones de más de 90.000 millones de euros, generando entre 107.000 y 135.000 empleos netos al año durante la próxima década, ha detallado el gabinete dirigido por Teresa Ribera.
Así, hay indicios de un eventual “componente especulativo” en buena parte de ellas, dada la escasa madurez de los proyectos o el volumen de casos de titulares de permiso de acceso que no han solicitado el igualmente necesario permiso de conexión -en torno a un 60%- y esta situación obstaculiza y encarece la puesta en marcha de los proyectos solventes.
Por ello, el Gobierno cree que resultaba urgente ordenar los permisos atendiendo a su viabilidad y solidez para favorecer el despliegue de energías limpias, lo que permitirá alcanzar los objetivos de que el 74% de la electricidad en España sea renovable en 2030 y alcanzar el 100% antes de 2050.
De esta manera, el Real Decreto-ley establece una serie de hitos administrativos sucesivos, con plazos temporales en función del momento en el que fue otorgado.
En concreto, los titulares deben ir acreditando el cumplimiento de cada uno de esos hitos -entre ellos, la obtención de la declaración de impacto ambiental favorable y la autorización administrativa de construcción- en los tiempos fijados. De lo contrario, los permisos caducarán de forma automática y, en su caso, se procederá a ejecutar los avales económicos que se exigen al solicitar la autorización. El último de los plazos concluye a los cinco años de iniciarse el cómputo para el primer hito.
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, tanto los titulares como los solicitantes de estas autorizaciones podrán renunciar a ellas, procediéndose a la devolución de las garantías.
Además, se establece una moratoria de nuevas solicitudes de acceso, por lo que no se podrán pedir hasta que se apruebe una nueva regulación sobre estos permisos, que deberá exigir a los solicitantes mayor maduración de los proyectos y estudios previos.
De esta manera, se evitan nuevas solicitudes potencialmente especulativas sobre la capacidad que se libere mientras se desarrolla la normativa que deberán aprobar el Gobierno y la CNMC en el plazo de tres meses desde la publicación del Real Decreto-ley.
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