Así lo ha indicado el ministro en una entrevista en la cadena de televisión ‘La Sexta’ y recogida por Europa Press en la que, al ser preguntado sobre si la intención del Gobierno es pedir un asiento en el máximo órgano de decisión de Telefónica, ha señalado que “sí”, “por supuesto”.
No obstante, Cuerpo no ha desvelado si el Ejecutivo ya tiene a alguna persona en mente para formar parte del consejo de administración de la operadora en representación de la SEPI. “No me corresponde a mí”, se ha limitado a señalar.
Por otro lado, y acerca de la posibilidad de que el Estado pueda entrar en otras empresas como Talgo –la cual ha recibido una oferta pública de adquisición (OPA) por parte del grupo húngaro Ganz-Mavag (Magyar Vagon)–, Cuerpo se ha limitado a subrayar el carácter estratégico de Telefónica.
“Creo que la reflexión en torno a nuestras empresas estratégicas no tiene tanto que ver con la presencia del Estado o no. Esto es más una discusión de los años 90. Yo creo que aquí es una discusión relativa a la defensa de los intereses estratégicos de las empresas españolas. Y en este caso, en Telefónica, que esté el Estado. Es un socio estable, de largo plazo, es una buena noticia”, ha resaltado.
Su comentario se sitúa en línea con el realizado la semana pasada por parte del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, al ser preguntado sobre la misma cuestión. En concreto, Hereu apuntó que el Gobierno no tiene decidido realizar ninguna operación similar como la de la entrada del Estado en Telefónica.
El pasado 25 de marzo la SEPI comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la adquisición de un paquete accionarial de Telefónica equivalente al 3,044% del capital social de la compañía. De hecho, el Ministerio de Hacienda aprobó la inyección de 500 millones de euros a la SEPI para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según figura en un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y adelantó el diario ‘El Mundo’ hace unos días.
El mandato del Gobierno a la SEPI para entrar en el capital social de Telefónica se produjo como reacción al sorpresivo desembarco del operador saudí STC –controlado por el fondo soberano del país, PIF (Public Investment Fund)– en el accionariado de la operadora el pasado septiembre. En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica, un 4,9% a través de acciones directas y el otro 5% mediante derivados financieros, en una operación valorada en 2.100 millones de euros.
