El Gobierno niega que haya solicitantes de asilo durmiendo en Barajas: “Son pobres desatendidos por Madrid”

Puente responde al plazo dado por el Ayuntamiento de Madrid al Ejecutivo para que atiendan a los solicitantes de asilo que se están en recursos municipales antes de ir a los tribunales.

El ministro Óscar Puente en una comparecencia para actualizar el estado de las infraestructuras viarias y ferroviarias tras el paso de la DANA. (Foto: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible)
El ministro Óscar Puente en una imagen de archivo. (Foto: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afirmado que “no hay solicitantes de asilo” entre las personas que pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

“Está Teleayuso desatada esta mañana diciendo que el Gobierno tiene 30 días para resolver las solicitudes de asilo. Lo voy a volver a repetir, para que quede claro. No hay solicitantes de asilo entre las personas que duermen en Barajas. Son pobres desatendidos por Madrid. Punto”, ha aseverado.

Así lo ha manifestado este lunes el ministro en una publicación en su cuenta de X, recogida por Europa Press, después de que el Ayuntamiento de Madrid haya dado un plazo de un mes a los ministerios del Interior e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para que atiendan a los solicitantes de asilo que se encuentran en recursos municipales antes de ir a los tribunales.

Óscar Puente ha compartido también otra publicación suya de este sábado en la que apuntaba que en el Madrid de las ‘cañas y la libertad’ los pobres sin hogar “se suben al aeropuerto a dormir”. “Ni ayuntamiento ni comunidad los atienden”, criticó.

El pasado viernes el Ayuntamiento de Madrid envió el requerimiento en el que instan “a que proporcionen acceso inmediato al sistema de acogida de protección internacional a todas las personas que actualmente han solicitado, ha sido o han manifestado esta intención y se encuentran en centros del Ayuntamiento de Madrid”.

Este requerimiento da al Gobierno de España “un mes para cumplimiento de sus obligaciones” y, en el caso de que no lo haga, “el Ayuntamiento se verá obligado a la correspondiente demanda judicial”.

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