El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, en la reunión telemática con los agentes sociales.
“La economía española tuvo una fuerte recuperación a partir de 2021 y mantiene un crecimiento fuerte durante 2023, que ha situado ya el PIB un 2% por encima del nivel previo a la pandemia”, señalan los ministerio de Economía y de Hacienda a raíz del plan trasladado a Bruselas. En una nota conjunta, los departamentos de Nadia Calviño y de María Jesús Montero presumen de que “en un contexto de elevada incertidumbre y menor crecimiento económico en el ámbito internacional, la economía española mantiene un crecimiento diferencial gracias al dinamismo del mercado laboral, la positiva evolución del sector exterior, la solidez patrimonial de hogares y empresas y el rápido despliegue del Plan de Recuperación”.
Esto explica, según el Gobierno, que en 2023 la economía “mantenga su solidez y resiliencia”, con una previsión prudente de crecimiento del 2,4%. Por su parte, en 2024, se prevé un crecimiento del PIB del 2%, “superior al de la media de la zona euro”. Para el Ejecutivo en funciones la evolución de la economía española en los próximos meses “estará influida por dos factores internacionales relevantes: los conflictos geopolíticos y el impacto de la política monetaria contractiva del Banco Central Europeo”.
“Las tensiones geopolíticas y los conflictos son, en este momento, el principal factor de riesgo para la economía por su potencial impacto sobre los mercados de energía y la actividad económica en Europa y a nivel mundial”, destaca. Según Moncloa, “tras una rápida subida de los tipos de interés, la política monetaria está empezando lograr reducir la inflación, pero también ralentiza la demanda a nivel europeo”.
“En un contexto internacional complejo”, señala, “España liderará en el periodo 2023-2024 el crecimiento económico entre los principales países desarrollados”. Y lo hará, afirma, “gracias al despliegue del Plan de Recuperación y a los efectos de la política económica adoptada en los últimos cinco años, de acuerdo con las previsiones de los principales organismos”.
Asimismo, España traslada a Bruselas que para el conjunto de 2023 y 2024 se prevé la creación de 700.000 empleos a tiempo completo y que el desempleo continuará reduciéndose el año que viene hasta situar la tasa media de paro por debajo del 11%, “dato especialmente relevante en un contexto de incremento de la población activa, que se situará en torno a los 24 millones de personas en 2024”.
Además, contempla que se elevará la capacidad de financiación de España hasta el 3,5% del PIB y “seguirá bajando la posición deudora neta del país frente al resto del mundo”, que se ha situado en el segundo trimestre de 2023 en el 56,6% del PIB, el menor registro desde 2004.
La elaboración del Plan Presupuestario, apunta Moncloa, está “condicionada” por la situación del Gobierno en funciones, “que tiene limitada su capacidad normativa y por ello no puede aprobar un Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar otras iniciativas legislativas salvo casos de urgente necesidad debidamente justificados”.
“Esta circunstancia conlleva que el Plan Presupuestario se haya realizado en un escenario fiscal inercial, es decir, en ausencia de cambios o nuevas medidas”, remarca. “En cualquier caso”, continúa, “esto no presupone que en el futuro no puedan adoptar o prorrogar las medidas que están en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, con el objetivo de mitigar el impacto de la inflación en caso de que se considere necesario tras evaluar la situación con los datos disponibles a final de año”.
Por el lado de los gastos, sí se incluyen algunas medidas “por considerar que se adoptarán en cualquier escenario”. Es el caso de la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo, tal y como establece la ley aprobada por el Gobierno, o el incremento de las retribuciones de los empleados públicos para 2024, según consta en el acuerdo de octubre de 2022 de la Mesa General de Negociación de la Función Pública.
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